Agronegocio brasileño apunta a convertir la Chiquitania en el “nuevo Mato Grosso”

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AgFeed y CNN Brasil Money reportaron que Eraí Maggi habría adquirido entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitania, en medio de una nueva ola de interés del agronegocio brasileño por expandirse sobre el oriente boliviano. El movimiento incluye apuestas por soya, caña, ganadería, algodón e infraestructura, y reabre una pregunta clave: si la operación podría involucrar al predio INPA, una de las últimas grandes islas de bosque conservado en la región.

El mapa del agronegocio en Bolivia registra un movimiento que enciende las alarmas ambientales. Un reporte del medio especializado AgFeed, difundido por CNN Brasil Money, aseguró que Eraí Maggi, uno de los mayores productores de soya del planeta y figura central del grupo Bom Futuro, ya habría comprado entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la región de la Chiquitania. La información no identifica el predio ni precisa mayores detalles sobre la operación, pero sí aporta una señal más amplia y más inquietante: Bolivia vuelve a ser presentada, desde el entorno del agronegocio brasileño, como una nueva frontera de expansión agropecuaria.

El reporte surgió en medio del acercamiento entre Bolivia y Brasil, durante una visita oficial encabezada por el presidente Rodrigo Paz junto a una comitiva de ministros y empresarios bolivianos. Ese viaje incluyó la firma de acuerdos con el gobierno brasileño y la realización del Foro Brasil-Bolivia en São Paulo, un espacio donde confluyeron autoridades y actores empresariales alrededor de una agenda de integración comercial, infraestructura, energía y atracción de inversiones. No fue, por tanto, una cita meramente protocolar, sino parte de un clima político más amplio en el que se discuten corredores logísticos y decisiones capaces de reordenar territorios enteros del oriente boliviano.

En ese escenario, Maggi sostuvo una narrativa especialmente reveladora, que Bolivia representa hoy lo que Mato Grosso fue en décadas pasadas. La comparación no es inocente. Antonio A. R. Ioris, geógrafo e investigador de la Universidad de Cardiff, describe a Mato Grosso no solo como un caso de modernización agroexportadora, sino como una “frontera agrícola material y simbólica”, marcada por la concentración de la propiedad rural, la injusticia ambiental y la expansión de actividades agroempresariales que reintroducen prácticas de apropiación brutal de bienes comunes, mercantilización de lo que antes quedaba fuera del mercado, e incluso formas extremas de explotación laboral. Leída desde Bolivia, esa analogía no suena a una promesa neutra de desarrollo, sino al anuncio de un modelo territorial.

Cosechadoras operan a escala industrial en Mato Grosso. Es este modelo de monocultivo extensivo y alta mecanización el que el agronegocio brasileño proyecta reproducir en la Chiquitania boliviana. Foto: Álvaro Rezende/Agência de Notícias MT.

Para ponerlo en perspectiva, Mato Grosso —con una superficie apenas inferior a la de Bolivia— alberga cerca del 10% de los bosques de Brasil, pero concentra alrededor del 20% de la pérdida de bosque registrada en ese país desde 2002. En otras palabras, en poco más de dos décadas ha perdido una superficie equivalente a cerca del 25% de sus bosques, mientras que Bolivia ha perdido alrededor del 15%. Que hoy se presente a Bolivia como el “nuevo Mato Grosso” no remite solo a una promesa de expansión agroexportadora, sino también al riesgo de una aceleración aún mayor de la frontera agropecuaria y de la deforestación.

Bom Futuro, sin embargo, aclaró a Revista Nomadas, que no tiene inversiones corporativas en Bolivia. Agfeed reporta incluso que cualquier movimiento de Eraí Maggi respondería a decisiones personales o familiares, no a una operación formal del grupo. Aun así, el propio reportaje remarca la presencia activa de miembros de la familia Maggi en el foro empresarial, incluidos hijos, herederos y otros accionistas ligados al entorno del conglomerado. La precisión corporativa puede ser importante para la empresa, pero no resuelve la pregunta central, de qué manera se establece una operación de entre 30.000 y 40.000 hectáreas en un país donde la Constitución fija en 5.000 hectáreas el límite de la propiedad agraria individual?

Sobre el interés que tiene Maggi, afirmo en otro medio: “Sé que hay gente preguntándose: ‘¿qué está haciendo Eraí en Bolivia?’. Y escuché a gente decir: ‘te veo aquí y estoy asustado; por esto el precio de la tierra va a explotar’. Yo me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Porque la tierra es consecuencia. Ganar dinero es consecuencia. Y nosotros sabemos lo que estamos haciendo allá”

Es importante recordar, para dimensionar el peso de esas palabras, que Eraí Maggi es el patriarca de uno de los conglomerados más poderosos del agronegocio brasileño y mundial, con control sobre cerca de un millón de hectáreas. Su primo, Blairo Maggi —ex ministro de Agricultura de Brasil y figura central del agronegocio regional— encabeza a su vez otro de los mayores grupos soyeros del planeta, Amaggi. Por eso, lo que Eraí Maggi hace, anuncia o insinúa en materia de negocios no pasa desapercibido, es seguido de cerca por otros grandes actores del agronegocio brasileño e internacional. En ese contexto, su interés en las tierras en Bolivia no debería leerse como un movimiento aislado, sino como una señal que podría acelerar el interés y el desembarco de nuevos grupos empresariales brasileños en el país.

Blairo Maggi, exministro de Agricultura, representa la cara política y empresarial de un modelo que ahora proyecta su influencia y logística más allá de las fronteras brasileñas, rumbo al este boliviano. Foto: Antonio Cruz/Agencia Brasil.

En meses recientes, Maggi ya sostuvo reuniones con autoridades bolivianas en espacios vinculados a integración regional, infraestructura y conectividad. Una de las pocas que trascendió públicamente fue su encuentro en enero 2026 con el Ministerio de Obras Públicas, en el marco de la Cumbre Internacional de Integración Regional “Ruta del Corazón de Sudamérica”. Según la información oficial, allí se discutieron corredores viales, articulación productiva e integración entre Bolivia, Brasil y Paraguay, todos temas clave para habilitar inversiones en territorios donde la infraestructura no solo modifica los usos del suelo, sino que también valoriza la tierra en su área de influencia.

El interés empresarial también se extendería hacia el Beni. De acuerdo con el reportaje, grupos agropecuarios brasileños con fuerte presencia en Bolivia ya estarían ampliando sus inversiones hacia zonas cercanas a Rondônia, con campos experimentales de soya y caña de azúcar, además de operaciones ganaderas. El reportaje menciona también a la familia Marchett, una de las que llegó a Bolivia en los años noventa, atraída por el bajo precio de la tierra, la fertilidad de los suelos, los menores costos de producción y la rápida valorización del mercado de tierras, en un contexto en el que la soya ofrecía márgenes de ganancia superiores a los de Brasil. Según AgFeed, la familia controla hoy cerca de 100.000 hectáreas en el país y, para viabilizar nuevas inversiones de escala, estas se estarían estructurando mediante asociaciones familiares o fondos, en un contexto en el que sigue vigente el límite de 5.000 hectáreas por persona física.

En el caso de Colombia, existen denuncias de compras de tierra por parte del grupo empresarial de la familia Marchett mediante siete empresas distintas, “para ocultar que había superado el tope de acumulación de la UAF y obtener subsidios mayores a los permitidos”. Un elemento particularmente llamativo es que su representante puso estos hechos en conocimiento de distintas instancias del Estado colombiano, incluido el entonces presidente Álvaro Uribe, buscando incidir en cambios normativos favorables a sus intereses. Se trata, por tanto, no de actores económicos cualesquiera, sino de grupos regionales con una elevada capacidad de incidencia política, especialmente en materia agraria.

Ese punto importa especialmente porque coincide con procesos de integración física y de expansión agroindustrial que ya están en marcha. La construcción del puente internacional Guajará-Mirim–Guayaramerín del lado brasileño por un total de USD 85 millones, junto con otras discusiones sobre conectividad regional, puede reconfigurar de forma profunda el norte amazónico boliviano y volverlo mucho más atractivo para la expansión agropecuaria articulada a mercados, puertos secos, rutas de exportación y cadenas de valor transfronterizas. Según lo reportado por AgFeed, la familia Marchett ya impulsa en el Beni un proyecto de 60.000 hectáreas, con campos experimentales de soya y caña de azúcar. En ese mismo departamento, añade el medio, tierras que llegaron a venderse por apenas USD 50 por hectárea podrían alcanzar hasta USD 1.500, dependiendo del acceso logístico y de la infraestructura disponible.

Ese tipo de obras no puede leerse solo como conectividad o integración física. En su investigación sobre la geopolítica de la soya brasileña, Gustavo de L. T. Oliveira, de la Universidad de Clark, sostiene que la expansión del complejo soyero brasileño debe entenderse también como una forma de proyección de poder económico y político más allá de sus fronteras. En ese marco, recuerda una formulación especialmente útil de Mariano Turzi: ‘’las fronteras nacionales están perdiendo terreno frente a un modelo de organización territorial impulsado por corporaciones”, que ‘’reordena el espacio geoeconómico de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay en una “Soybean Republic”’’. Aquello va muy de la mano con lo que la investigadora Marielle Palau advierte respecto a los riesgos de Paraguayzar el oriente boliviano: ‘’El modelo del agronegocio de Paraguay es de una agricultura sin agricultores, sin gente, con la tierra controlada por unos pocos empresarios’’. Leída desde la Chiquitania y el Beni, la combinación de carreteras, puentes, financiamiento del BNDES, valorización de tierras y llegada de capital agroindustrial brasileño encaja cada vez más con esa lógica.

Mientras los gobiernos celebran la ‘integración comercial’, grandes grupos sojeros rediseñan el este boliviano a imagen y semejanza del modelo de concentración de tierras de Mato Grosso. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Esta efervescencia empresarial ocurre en un contexto de acercamiento diplomático y político entre Bolivia y Brasil. Durante esa visita se celebraron múltiples reuniones y se firmaron varios acuerdos cuyos alcances todavía han sido poco reportados en Bolivia. Sin embargo, uno de los elementos que ya trascendió en medios brasileños fue la firma, por parte del ministro de Agricultura de Brasil, de un acuerdo de intención para construir una carretera de 148 kilómetros que conecte Mato Grosso con San Ignacio de Velasco, con posible financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). No es un dato menor: como ya reportó Revista Nómadas, San Ignacio de Velasco se ha convertido en uno de los principales epicentros de la deforestación en Bolivia.

En Bolivia, el dato más sensible del reporte de AgFeed no es solo el nombre del comprador, sino la escala de la operación. Las entre 30.000 y 40.000 hectáreas mencionadas coinciden de forma llamativa con las 30.019 hectáreas del predio INPA, en el municipio de Concepción, una de las últimas grandes islas de bosque conservado en pleno frente de expansión agropecuaria de la Chiquitania.

Revista Nómadas reveló previamente que ese predio —históricamente manejado bajo aprovechamiento forestal— habría sido puesto en venta y que distintas fuentes apuntaban a un posible interés de Bom Futuro. Ahora, sin embargo, sigue pendiente verificar si las hectáreas atribuidas a Erai Maggi correspondan efectivamente a INPA. La falta de confirmación obliga a la cautela, pero no elimina la pregunta de fondo.

Acuerdos bilaterales discuten carreteras y financiamientos del BNDES en la región, mientras remanentes forestales como la hacienda INPA entran en el radar de conversión hacia el modelo de monocultivo de Mato Grosso. Foto: Revista Nómadas.

No se trata de cualquier propiedad. INPA es un bloque continuo de bosque seco chiquitano que, visto desde imágenes satelitales, aparece como un gran rectángulo verde cada vez más aislado entre pasturas, colonias agrícolas y áreas desmontadas. En un radio de 40 kilómetros a su alrededor, Revista Nómadas registró la pérdida de 127.988 hectáreas de bosque entre 2012 y 2023. Si la operación reportada desde Brasil correspondiera a ese predio, no estaríamos hablando solo de una compraventa rural, sino del posible cambio de destino de uno de los últimos grandes remanentes boscosos de la región.

La pregunta sobre INPA sigue abierta. Lo que ya no parece estar en duda es otra cosa: la Chiquitania y el Beni han entrado de lleno en el radar de una nueva ola de expansión agroindustrial brasileña. Y cuando ese interés llega acompañado de carreteras, valorización de tierras y discursos de integración, el bosque rara vez sale ileso.

Este texto fue publicado en alizanza con la Revista Nómadas.

Texto: Roberto Navia y Stasiek Czaplicki Cabezas
Arte: Fabrício Vinhas
Revisión, Montaje de página y finalización: Juliana Carvalho
Dirección: Marcos Colón