Estados Unidos quieren los minerales de la Amazonía y los ecologistas temen las consecuencias

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El secretario de Estado Marco Rubio llegó la semana pasada a Sudamérica con un mensaje conocido: Estados Unidos quiere acceder a los minerales y ampliar su presencia militar en la región.

Esta estrategia cuenta con el respaldo de los nuevos gobiernos de derecha de Colombia, Ecuador y Perú, que llegaron al poder con la promesa de combatir con mano dura a las organizaciones criminales transnacionales.

Pero sobre el terreno, en la Amazonía, en otros bosques, en los páramos de alta montaña y en otras zonas destinadas a la minería, estas políticas están despertando el temor a que la violencia vaya a más. La minería aparece una y otra vez como el sector más relacionado con los asesinatos de defensores del medioambiente, personas que actúan pacíficamente para proteger la naturaleza y sus territorios.

Rubio inició su gira por los tres países el martes en Colombia, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella, un exabogado penalista que se hace llamar “El Tigre”. Ambos Gobiernos firmaron un acuerdo sobre minerales y cooperación nuclear civil, que presentaron como parte de un esfuerzo más amplio para estrechar sus vínculos económicos y de seguridad.

Secretary of State Marco Rubio (left) and Ecuador’s Foreign Affairs Minister Roberto Kury shake hands after a press conference in Quito on Wednesday. Credit: Inside Climate News.

Según el Departamento de Estado, el acuerdo contempla que ambos países financien proyectos de extracción y procesamiento minero en un plazo de seis meses. También establece que los Gobiernos se comprometerán a respaldar esos proyectos mediante préstamos, seguros, inversiones de capital, medidas para facilitar los trámites administrativos, una tramitación más ágil de los permisos y más mecanismos destinados a proteger el mercado, como las revisiones por motivos de seguridad nacional.

La Administración Trump ha presentado reiteradamente la minería —y la adquisición de minerales que considera “críticos”, como la plata y el cobre— como una cuestión de seguridad nacional, con el objetivo de contrarrestar el dominio de China en el sector de los minerales críticos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no hizo público el acuerdo y solo remitió a Inside Climate News a una ficha informativa. En un correo electrónico, un portavoz del organismo afirmó que Estados Unidos apuesta por alcanzar acuerdos sobre minerales críticos que sean “transparentes, se rijan por normas y beneficien a ambas partes”. La minería ilegal perjudica a los trabajadores y al medioambiente, afirmó el portavoz, que añadió: “La mejor manera de combatir la minería ilegal es con la minería legal”.

El portavoz no respondió a las preguntas sobre si el acuerdo incluye compromisos de respetar los derechos humanos, incluido el de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado —reconocido internacionalmente— sobre los proyectos que afectan a sus tierras, ni tampoco si el acuerdo tiene en cuenta los derechos de la naturaleza, que los tribunales de Colombia, Perú y Ecuador han reconocido.

El año pasado, el Departamento de Estado eliminó las críticas a los abusos contra los derechos de los pueblos indígenas de sus informes anuales sobre derechos humanos, según un análisis original de Inside Climate News.

En Colombia, la minería se está expandiendo hacia muchos territorios indígenas ya desestabilizados por grupos armados. Mario Erazo Yaiguaje, líder del pueblo siona y antiguo gobernador del resguardo Buenavista, un territorio indígena de propiedad colectiva ubicado en el departamento de Putumayo, en Colombia, afirmó en un comunicado que las guardias indígenas —grupos comunitarios formados para proteger las tierras ante la inacción del Gobierno— han sido fundamentales para combatir la minería ilegal.

“Los pueblos indígenas hemos alzado la voz en defensa de nuestra autonomía”, afirmó Erazo Yaiguaje.

A menudo, los conflictos por la tierra, las industrias extractivas y el crimen organizado confluyen en los mismos territorios.

Colombia lleva mucho tiempo siendo el país más letal para los defensores del medioambiente. Las personas que se oponen a la imposición de la minería, el petróleo, la agricultura industrial y las madereras sufren amenazas, agresiones y asesinatos a manos de redes criminales y, en algunos casos, de fuerzas estatales, según organizaciones de defensa y supervisión de los derechos humanos. Una de estas ONG, Global Witness, identificó el asesinato de 48 defensores del medioambiente en Colombia en 2024.

El desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) por parte de la Administración Trump puso fin a programas que financiaban iniciativas en Colombia para reforzar la protección de los defensores del medioambiente.

“El riesgo es que ahora haya tres presidentes alineados con Trump en la Alta Amazonía y que el secretario de Estado, Marco Rubio, vaya de un lado a otro tratando de cerrar acuerdos temerarios que, en esencia, permiten extraer minerales a gran escala de la mayor selva tropical del planeta, hogar de millones de indígenas, cuna de la biodiversidad y una de las últimas esperanzas para frenar la crisis climática”, afirmó en un comunicado escrito Mitch Anderson, director ejecutivo de Amazon Frontlines, una organización sin ánimo de lucro centrada en los derechos indígenas y la conservación.

Y añadió: “Para la Administración Trump, la Amazonía no es más que una zona verde en un mapa que les gustaría rebautizar como Selva de América y después drenarla, talarla y destruirla”.

Durante una rueda de prensa el pasado miércoles, De la Espriella afirmó que Colombia quiere inversiones en los sectores de la energía y las infraestructuras y que haría lo necesario “en materia de disciplina fiscal, seguridad jurídica, eficiencia y mejora de las condiciones para la inversión”.

La declaración parece referirse al sistema de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que ofrece protecciones controvertidas a las empresas multinacionales y les ha permitido obligar a los Gobiernos a realizar cuantiosos pagos. El predecesor de De la Espriella, junto con la Administración Biden, había tomado medidas para limitar las protecciones de los inversores entre ambos países. Gracias a los laudos del ISDS, algunas empresas de petróleo, gas y minería ya han obtenido de los Gobiernos más dinero que cualquier otra industria.

De la Espriella también busca ampliar la cooperación con Washington en materia de seguridad, por lo que pidió a Rubio aviones, drones, radares, inteligencia y otras herramientas para combatir a los grupos armados.

La combinación de una expansión acelerada de la minería y una mayor implicación militar ha alarmado a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con comunidades que sufren las actividades extractivas, que sostienen que esas políticas aumentan la probabilidad de que se persiga a los defensores del medioambiente, especialmente cuando los Gobiernos presentan la minería como un imperativo de seguridad nacional.

Ecuador, donde Rubio aterrizó el pasado miércoles, es un claro ejemplo, según organizaciones de derechos humanos.

El presidente Daniel Noboa puso la militarización de la lucha contra el crimen organizado en el centro de su campaña electoral de 2025.  Su Gobierno también ha impulsado cambios constitucionales y otras modificaciones legales para acelerar los proyectos mineros y permitir el despliegue de las fuerzas armadas para protegerlos. Por ejemplo, ha sustituido las licencias ambientales por autorizaciones mineras generales más permisivas, ha integrado el Ministerio de Medio Ambiente en el Ministerio de Energía y Minas y ha aprobado leyes para desplegar tropas en zonas mineras estratégicas.

Estas políticas se han desarrollado al mismo tiempo que se intensificaba la represión contra manifestantes y líderes contrarios a la minería.

Durante una respuesta militar a una huelga nacional encabezada por organizaciones indígenas en 2025, al menos tres personas murieron, entre ellas un defensor del territorio indígena.

El Gobierno de Noboa también ha abierto investigaciones penales contra decenas de los principales activistas indígenas y del medioambiente del país y ha congelado las cuentas bancarias de 61 de esos líderes, lo que ha hecho prácticamente imposible que algunos grupos de conservación desarrollen su actividad.

El pasado martes, Rubio consideró públicamente a Ecuador como uno de los socios más estrechos de Estados Unidos en la región en materia de seguridad. “Creo que podemos hacer más con ellos”, declaró Rubio, señalando tanto oportunidades económicas como militares.

En marzo, las fuerzas militares estadounidenses y ecuatorianas bombardearon conjuntamente lo que calificaron de campamento de narcotraficantes cerca de la frontera con Colombia. Habitantes de la zona y organizaciones de derechos humanos han afirmado que el objetivo era en realidad una finca lechera. El Ejército estadounidense también ha hundido embarcaciones frente a la costa de Ecuador que, según afirma, están implicadas en el tráfico de drogas, una de las operaciones militares que ha llevado a cabo en el Caribe y el océano Pacífico que han causado al menos 227 muertes. Abogados especializados en derecho de la guerra han calificado esas muertes de ejecuciones extrajudiciales, por ocurrir fuera del ámbito de un conflicto armado.

Un portavoz del Pentágono afirmó en un comunicado de prensa: “No tenemos conocimiento de los ataques ni de la participación de las fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos”. Un informe conjunto de los inspectores generales del Pentágono y del Departamento de Estado publicado a principios de este año documentó algunos de los asesinatos.

“El Comando Sur de Estados Unidos lleva a cabo operaciones marítimas al amparo de las facultades legales establecidas y exige a sus fuerzas los más altos niveles de profesionalidad, seguridad y cumplimiento de las leyes estadounidenses e internacionales”, añadió el portavoz en el comunicado.

Sobre el fortalecimiento de la asociación militar entre Estados Unidos y Ecuador, Human Rights Watch ha afirmado que ambos países “han cometido graves violaciones de derechos humanos, impulsadas por su insistencia en enmarcar sus enfrentamientos con los grupos del crimen organizado como si se tratara de un conflicto armado”.

En los últimos 18 años, los ecuatorianos han sido pioneros en leyes y políticas ecológicas innovadoras, consagrando los derechos de la naturaleza en su Constitución de 2008 y votando de forma abrumadora en referendos para poner fin a las operaciones petroleras en parte de la selva amazónica y prohibir la minería cerca de Quito. Las comunidades indígenas han estado a la vanguardia de esos avances.

Líderes indígenas de la Amazonía ecuatoriana marchan por Puyo, Ecuador, el 21 de agosto en protesta contra la expansión de los proyectos petroleros, mineros y de otras industrias extractivas en la selva y los ecosistemas circundantes. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

“Nosotros, como Nacionalidad Kichwa de Pastaza, hemos declarado en nuestro estatuto que nuestro territorio es sagrado —como kawsak sacha, un territorio vivo, un ser vivo con conciencia y sujeto de derechos— y está libre de toda forma de extractivismo, incluida la minería, la extracción de petróleo y otras actividades”, afirmó en un comunicado Luis Canelos, presidente de esa nación indígena de Ecuador.

Al preguntarle el martes pasado durante una rueda de prensa en Colombia sobre la percepción de que los intereses del Gobierno estadounidense consisten en extraer recursos y enviar tropas a América Latina, Rubio afirmó que a la región “le iría mucho mejor asociándose con Estados Unidos” que con China, Rusia o Irán.

Rubio culminó su gira en Perú para consolidar la cooperación en materia de seguridad con la presidenta Keiko Fujimori, cuyo Gobierno también apuesta por actuar con mano dura contra el crimen organizado.

Daniela Andrade, coordinadora de Amazon Frontlines en Perú, afirmó en un comunicado que las comunidades locales del país se enfrentan a un Gobierno que busca ampliar y legalizar la minería, recortar las protecciones ambientales y debilitar los procesos de consulta con las comunidades indígenas.

“[Estamos sufriendo] una verdadera invasión de minería ilegal fuera de control, con un aumento alarmante de puntos de emergencia”, afirmó Andrade. “Casi todas las cuencas hidrográficas de Loreto se han transformado hoy en zonas rojas, marcadas por la violencia, la deforestación, la trata de personas y la persecución constante de quienes defienden el territorio y la naturaleza”.

Y añadió que “las mafias mineras operan bajo un manto de impunidad debido a la colusión directa de autoridades y poderes políticos a todo nivel del Estado”.

Este texto fue publicado en colaboración con Inside Climate News.

Katie Surma es reportera en Inside Climate News, donde se enfoca en el derecho y la justicia ambiental internacional. Antes de unirse a ICN, ejerció la abogacía, especializándose en litigios comerciales. También escribió para varias publicaciones, y sus historias han aparecido en el Washington Post, USA Today, Chicago Tribune, Seattle Times y The Associated Press, entre otros. Katie tiene una maestría en periodismo de investigación de la Escuela de Periodismo Walter Cronkite de la Universidad Estatal de Arizona, un LLM en derecho internacional y seguridad de la Facultad de Derecho Sandra Day O’Connor de la misma universidad, un JD de la Universidad de Duquesne, y fue licenciada en Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad de Pittsburgh. Katie vive en Pittsburgh, Pensilvania, con su esposo, Jim Crowell.

Traducción: Meritxell Almarza
Revisión, Montaje de página y finalización: Juliana Carvalho
Dirección: Marcos Colón