¿Bom Futuro en Bolivia?: el gigante de la soya brasileña deja en vilo INPA, una isla de bosque de 30.000 hectáreas
En la Chiquitanía nor este, una isla de bosque de 30.019 hectáreas se mantiene como uno de los últimos bastiones de manejo sostenible forestal frente al avance de la soya y la ganadería. Ahora que el gigante brasileño de la soya Bom Futuro, lo está comprando de acuerdo a ciertas fuentes, la sobrevivencia de este bosque podría estar en juego frente a una expansión agrícola que no tiene límites
El bosque de INPA, en toda su majestuosidad, núcleo de vida de una riqueza natural imprescindible para la Chiquitania.
Foto: Revista Nómadas.
Revista Nómadas
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En medio del avance incontenible de la frontera agropecuaria en la Chiquitania boliviana, una isla de bosque de unas 30 019 hectáreas se mantiene como una rareza paisajística y ecológica. De la superficie comparable a la de un municipio como Oruro o Cochabamba, se ubica en pleno corazón del principal frente de deforestación del país, que se extiende desde Urubichá y Concepción hasta San Ignacio de Velasco y San Miguel de Velasco, en el noreste chiquitano.
Lo impactante es que, visto desde las imágenes satelitales, el predio aparece con nitidez como un gran rectángulo verde, cada vez más aislado en medio de pastizales y monocultivos, en el cruce de Concepción, San Ignacio de Velasco y San Miguel de Velasco, que figuran entre los primeros a nivel nacional deforestación. Cada año esa diferencia se acentúa: mientras todo a su alrededor ya ha sido deforestado o lo está siendo poco a poco, esta isla permanece como un remanente intacto de bosque, hogar de innumerables especies de fauna y flora y un pulmón verde cuya singularidad resalta con mayor fuerza a medida que el entorno se degrada.
Este último paraíso natural de la zona tiene un nombre: INPA. Es un predio de 30.019 hectáreas de tierra privada con vocación forestal, en el cual desde hace décadas se realiza manejo forestal y explotación de sus maderas más valiosas. Durante años, a través de la empresa INPA Parket LTDA, fue propiedad de una familia boliviano-holandesa que, cansada de litigios y presiones, e incluso intentos de avasallamientos, de interculturales, decidió buscar desprenderse de él. Dicha empresa, de talla mediana, exporto entre 2021 a 2023, cerca de USD 700 000 anuales de productos derivados de su explotación maderera.
En 2023, Poul Roosenboom, uno de los propietarios del predio INPA, declaró a Revista Nómadas sentirse agotado. Aunque un fallo judicial de 2019 garantizó la vocación forestal del terreno, los intentos de avasallamiento y la falta de compradores interesados en conservar el bosque lo llevaron a ponerlo en venta. Según ciertas fuentes, el precio fijado fue de 20 millones de dólares, con la gran incertidumbre de que el futuro comprador no comparta la visión ecologista de su hermana Ella, quien insistía en encontrar alguien dispuesto a respetar la naturaleza de este último gran pulmón verde de la Chiquitanía.
Este predio cumple la función de corredor ecológico, regulador hídrico y reserva de biodiversidad, en un paisaje cada vez más dominado por monocultivos y pasturas implantadas. Su conservación tiene un impacto que va más allá de sus límites: sirve como barrera contra incendios, contribuye al mantenimiento del microclima local y retiene carbono en una de las zonas más afectadas por el cambio climático en Bolivia. No obstante, este equilibrio está hoy al borde del colapso. La presión de deforestación, particularmente entre 2016 y 2019, ya ha llegado a tocar sus bordes, con indicios de incursiones desde tierras fiscales colindantes.
Hoy parecería que este paraíso forestal llega a su fin, según los reportes de compra del predio por parte de Bom Futuro, la empresa sojera brasileña de alcance mundial perteneciente a la rama de la familia Maggi liderada por Eraí Maggi, conocido como el “rey de la soya” en Brasil. Eraí es primo de Blairo Maggi, exministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (2016–2019) en el gobierno de Jair Bolsonaro, y dueño del otro gran conglomerado sojero del país: Amaggi.
Bom Futuro es hoy una de las compañías más importantes del sector sojero brasileño y proyecta facturar entre USD 1,6 y 2 mil millones en 2025. Frente a esas cifras, la compra del predio INPA, con un valor de venta reportado de USD 20 millones (unos USD 660 por hectárea), resulta relativamente barata si se compara con los USD 350 millones que la empresa desembolsó por 43.000 hectáreas en Mato Grosso, a un costo de alrededor de USD 8.140 por hectárea.
Imagen satelital que muestra el contraste entre el rectángulo verde intacto del predio y las áreas deforestadas circundantes en el cruce de Concepción, San Ignacio y San Miguel de Velasco. Fuente: Revista Nómadas.
En cuanto al bosque del predio INPA, en teoría está protegido por ley, pues se trata de una tierra de vocación forestal registrada como empresa privada desde 2006, cuando se transfirieron los derechos a INPA Parque Ltda. En 2011 se actualizó su Plan General de Manejo (PGM) sobre las 30.019 hectáreas, pero en 2019 el propietario solicitó un recorte del PGM y presentó un Plan de Ordenamiento Predial (POP).
Según explicó un ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) a Revista Nómadas, ese POP reclasificó el predio de la siguiente manera: 25.867 hectáreas quedaron destinadas a manejo forestal sostenible, 1.585 hectáreas a un sistema silvopastoril natural (lo que implica desmonte para ganadería), y el resto se mantuvo como áreas de protección. El POP fue aprobado en 2020 por la Dirección Departamental de la ABT en Santa Cruz, que subraya que el desmonte autorizado es mínimo y no supera el 10% del predio, en zonas de baja densidad boscosa.
La ABT remarca que, al tratarse de una empresa privada ya titulada por el INRA, el propietario puede definir el sistema productivo en el marco del Plan de Uso de Suelo (PLUS), pero debe mantener al menos el 30% como área de protección. Para cualquier modificación adicional se exige un Certificado de Aptitud de Uso de Suelo (CAUS), emitido por la Gobernación. Revista Nómadas evidencio por análisis satelitales, que hasta la fecha tan solo 87 ha de cobertura boscosa fueron perdidas hasta 2023.
Revista Nómadas ha buscado tener la versión de BomFuturo y de Poul Roosenboom para que puedan confirmar la venta del predio INPA. Pero, ninguno ha dado respuesta. En el caso de BomFuturo, se ha escrito a su correo oficial de su página web y nunca se tuvo respuesta. También se le escribió a su perfil institucional de Linkedin para pedirle el contacto de su persona encargada de Relaciones Públicas. Pero no contestó. A Poul, por su parte, se lo llamó por teléfono para solicitarle una entrevista, pero ésta fue negada.
El avance del agronegocio, en los alrededores de INPA, no da tregua. Fuente: Revista Nómadas.
La importancia de las 30.019 hectáreas
¿Qué representan las 30.019 hectáreas del INPA en su área de influencia? ¿Cuál es el avance de la frontera agropecuaria en esa zona?
Según un análisis técnico realizado por Revista Nómadas, tomando un radio de 40 km alrededor del centro del predio del INPA nos encontramos con una zona de 502.735 hectáreas, una superficie equivalente a cuatro municipios de Santa Cruz de la Sierra. En esa zona, la deforestación era prácticamente nula antes de 1996. Y desde 1986 hasta el 2012, tan solo 28.016 hectáreas de bosque habían sido deforestadas, menos del 6% de su superficie. Sin embargo, desde el 2012, esa zona vive un ascenso impresionante de la pérdida de bosque.
Hace 13 años, en el 2012, el 86% del área todavía era bosque, lo que significaba 431.249 hectáreas. En ese momento, el 41,8% se situaba en tierras fiscales, el 19,6% en tierra empresarial, el 9,9% en tierra comunitaria (campesina), el 9,4% en tierra mediana, el 7% en TCO y el 5,6% en pequeña propiedad. Desde entonces, 127.988 hectáreas de bosque fueron perdidas a un ritmo cada vez más alto, con un promedio superior a las 10.000 hectáreas por año entre 2021 y 2023.
Los datos de nuestro análisis son contundentes: la mayor parte de la deforestación en la zona buffer de 40 km que rodea el predio INPA se concentra en tierras fiscales (41%) y empresariales (21%), seguidas de propiedades campesinas (9%), medianas (11%), comunales indígenas (6%) y pequeñas propiedades privadas (6%). Esta configuración refleja un patrón de ocupación territorial donde la concentración y el modelo productivo dominante (ganadería extensiva y monocultivos como la soya) se imponen por sobre las prácticas más sostenibles.
La correlación entre tipo de tenencia y tasa de deforestación es clara. Las propiedades fiscales y empresariales concentran casi tres cuartas partes de la pérdida de bosque en el área circundante. Entre todas esas categorías se encuentran también los predios de diferentes colonias menonitas, que han experimentado una expansión muy importante en los últimos años.
Esto no es casualidad. En esta zona, que representa apenas el 0,7% de los bosques del país, se concentró entre 2012 y 2023 el 4,6% de toda la deforestación registrada a nivel nacional. En este contexto, INPA no solo es una isla de bosque, sino también una anomalía económica: un predio de gran tamaño que, en lugar de producir commodities para la exportación, sigue almacenando biodiversidad. Su destino pende de un hilo, dado que el uso que le darán sus nuevos dueños, al que Revista Nómadas intentó acceder en varias oportunidades sin conseguir respuesta, queda aún incierto. Aunque, claramente, el “rey de la soya”, que posiblemente habría comprado el predio por 20 millones de dólares, sorprendería si lo destinara a la conservación o decidiera invertir en una nueva concesión forestal.
Pero antes, existe una historia reciente de INPA que puede aclarar cómo los intereses por ese predio y su tierra forestal son mucho más complejos, pero apuntan todos al mismo desenlace: el final de sus bosques.
Hay colonias menonitas deforestando en los alrededores de INPA, como lo muestra esta foto, cuyo desmonte, atravesó un acuífero importante para la zona. Foto: Revista Nómadas.
La historia
Antes de ser adquirido el predio de 30.000 hectáreas por los hermanos Roosenboom el año 2001, éste se encontraba dividido en tres propiedades de distintos propietarios, tal como lo demuestran los folios del primer registro de Derechos Reales. El 28 de marzo de 2005 se realiza la transferencia definitiva de las tres parcelas de terrenos: Santa Rosita, Amazonía y San Alejandro.
Sobre una superficie de 30.019 hectáreas, las propiedades Amazonía, Santa Rosita y San Alejandro, colindan al Norte con terrenos baldíos, tierras fiscales, y la propiedad Santo Tomás y al Este con la propiedad Santo Tomás y el predio de Julio C. F., pasan a llamarse INPA Exploitatie.
El predio INPA logra la Certificación FSC, un estándar de aprovechamiento sostenible de maderables. Sin embargo, y a pesar de contar con un plan de manejo forestal, el predio fue parcialmente ocupado por grupos interculturales el año 2017 a quienes desalojaron.
En ese contexto 6 años después, Poul Roosenboom decidió vender el predio INPA, aunque prefiere no hablar del asunto, y menos con periodistas. Sin embargo, el 2023 acepto recibir a Nómadas en su oficina de INPA Parket, en Concepción, donde, de manera escueta, dice que puso a la venta el predio de 30.000 hectáreas porque ya estaba cansado y, referente al precio, que pide según los parámetros del mercado: 20 millones de dólares.
Su hermana, Ella Roosenboom, de sensibilidad ambiental, decidió buscar en Holanda, compradores que respeten la vocación forestal de la propiedad. Pero, por lo que se sabe, no consiguió ese propósito.
A pesar de no tener la confirmación de la venta, existe una gran preocupación de varias instituciones que tienen información de que manejan información de la posible venta. La Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) y la Organización de Mujeres Indígenas Monkox de Lomerío (OMIML) hicieron público un pronunciamiento oficial en el que expresan su rechazo a cualquier intento de cambio de uso de suelo en la zona. El documento señala que esta transformación, al no contar con consulta previa, libre e informada, “viola los derechos territoriales y ambientales” y pone en riesgo la vida misma del bosque seco chiquitano.
Los líderes indígenas alertan sobre cuatro amenazas inmediatas: la pérdida de cobertura boscosa y biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, la alteración del equilibrio climático local, con sequías e incendios más severos, y la fragmentación cultural y territorial de las comunidades. “Sin bosque no hay vida, sin territorio no hay cultura”, concluye la declaración.
La preocupación no es solo indígena. El 31 de julio, María Luisa Salvatierra, directora ejecutiva de CFV/FSC Bolivia, y Patricia Patiño, directora de APCOB, enviaron una carta al director de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Luis Roberto Flores Orellana, solicitando su intervención para impedir cualquier autorización de desmonte o cambio de uso en el predio.
Ambas instituciones recordaron que se trata de un área con vocación forestal reconocida y advirtieron que su pérdida significaría hipotecar un patrimonio ecológico vital para el país y las generaciones futuras. CFV/FSC Bolivia es el Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria, la asociación civil sin fines de lucro en Bolivia que promueve la gestión forestal sostenible bajo los estándares del Forest Stewardship Council (FSC), una organización internacional que certifica los bosques y productos derivados de ellos para asegurar que provienen de un manejo responsable.
La alarma se sustenta en un contexto ambiental y legal preciso. El bosque de INPA constituye el último gran corredor que conecta la Chiquitanía con la Amazonía, hábitat de jaguares y especies amenazadas, y fuente de agua para las comunidades locales. La zona, además, está protegida por la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª Nº 13/2019, que establece su uso forestal obligatorio y prohíbe la conversión agrícola.
Un análisis de lo que pasa en el predio INPA y sus alrededores.
Fuente: Revista Nómadas.
La versión de la ABT
El futuro del predio INPA, un bosque de 30.019 hectáreas en la Chiquitanía cruceña, ha despertado preocupación entre comunidades e instituciones que temen su deforestación tras conocerse su posible venta a la empresa brasileña Bom Futuro. Sin embargo, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) sostiene que la normativa vigente blinda la vocación forestal de estas tierras.
Franz Valdez, director general de Manejo de Bosque y Tierra, explicó que INPA actualizó en el 2011 su Plan General de Manejo (PGM) y en 2019 solicitó un recorte para presentar un nuevo Plan de Ordenamiento Predial (POP), aprobado en agosto de 2020.
Ese plan establece que 25.867 hectáreas deben mantenerse bajo manejo forestal sostenible, 1.585 hectáreas pueden destinarse a un sistema silvopastoril natural (ganadería con desmonte controlado) y el resto se mantiene como áreas de protección. “El cambio de uso de suelo no supera el 10% del predio, se ubica en zonas de baja densidad boscosa y está plenamente autorizado”, subrayó Valdez.
De acuerdo con la ABT, imágenes satelitales recientes confirman que no se han realizado desmontes en el predio. Las aperturas visibles corresponden a caminos y rodeos planificados en los 55 Planes Operativos Anuales (POAs) que INPA ha presentado históricamente para su aprovechamiento forestal. Solo en 2024, la empresa registró dos POAs, lo que demuestra continuidad en su actividad.
La presión de los desmontes no descansa cerca de INPA. Foto: Revista Nómadas.
No obstante, Valdez admitió la existencia de un vacío legal que preocupa: los infractores que desmontan de manera ilegal para actividades agrícolas pueden pagar una multa y, en la práctica, “blanquear” el cambio de uso del suelo. “Si un propietario desmonta para soya, incurre en incumplimiento grave. La multa es de 190 UFVs por hectárea, (equivalente a Bs 547) y se revoca el POP. Pero si paga la sanción, ya no se le puede volver a multar por la misma superficie”, dijo. Aplicando dicha multa sobre la superficie del predio que no cuenta con permiso de desmonte, llegaría a ser unos Bs 15 millones, lo que es un poco más de USD 1 millón, y un monto muy abordable para una empresa como Bom Futuro.
El funcionario remarcó que INPA no puede legalmente dedicarse a la agricultura intensiva, y que el nuevo propietario, sea quien sea, debe regirse por el POP aprobado. “Nuestra acción se activa cuando se detecta un incumplimiento, no de manera preventiva, porque la propiedad está titulada como privada por el INRA”, aclaró.
En contraste con la presión deforestadora que rodea el predio, alimentada por colonias menonitas e interculturales, INPA mantiene un valor ambiental clave. “La conservación de este corredor biológico es vital para el equilibrio de la Chiquitanía. Si desaparece el sector forestal, la ABT pierde su razón de ser”, concluyó Valdez.
Bajo este panorama, la presión es doble: desde fuera, por un modelo territorial que premia el desmonte; y desde dentro, por la incertidumbre sobre el destino de su bosque asociada al cambio de propietarios. En ese escenario, INPA se convierte en un caso testigo. Su defensa no es solo una cuestión ambiental, sino también una oportunidad política: un punto de partida para replantear el modelo de tenencia, uso y financiamiento del suelo en la Chiquitania. Su conservación podría marcar un precedente valioso para demostrar que otro desarrollo es posible, uno que no necesite arrasar el bosque para generar bienestar.
El predio INPA se mantiene como un pulmón único en toda la zona que está deforestada en sus alrededores. Foto: Revista Nómadas.
Para futuro seguimiento del predio INPA
Para dar seguimiento a lo que ocurra en el predio INPA, compartimos con ustedes dos recursos complementarios. El propósito es que la sociedad civil tenga acceso a la información necesaria para poder monitorear la deforestación que pueda o no ocurrir a futuro en dicho predio:
Para el gran público, hemos subido el polígono del predio a la plataforma Global Forest Watch (GFW), una herramienta pública que permite de forma accesible visualizar la cobertura forestal y recibir notificaciones de alertas de pérdida de bosque e incendios.
- GFW – Predio INPA: globalforestwatch.org/dashboards/aoi/68d14b98716826001565d0bc
Para personas con manejo de herramientas de análisis geoespacial, se habilita el acceso al polígono del predio a través de Google Earth Engine (GEE). Esto incluye tanto el asset como un script para descargarlo como shapefile (requiere una cuenta activa en GEE):
- Asset en GEE: projects/caeqlamb/assets/Nomadas/Predio_INPA
- Script para descarga como shapefile: https://code.earthengine.google.com/0c35aa9af404ebe747b38369fd5601fb
Adicionalmente, para los usuarios de Google Earth, les compartimos el enlace donde podran acceder y visualizar el predio INPA: https://earth.google.com/earth/d/1oaBH_zoj-t5kKWIroJIxJX7HFEfBtehw?usp=sharing
Este texto fue publicado originalmente por la Revista Nómadas. Acceda a la versión original aquí.
Stasiek Czaplicki es economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales, con más de 10 años de experiencia. Investigador y activista boliviano enfocado en deforestación y en investigación corporativa y financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales y think tanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, Oxfam, CIPCA). Actualmente forma parte del equipo de Revista Nómadas donde además de realizar investigaciones periodísticas, ejerce como gerente de proyectos y asesor técnico. Stasiek Czaplicki, junto a Iván Paredes, ha sido galardonado con el Premio al Periodismo de Investigación Franz Tamayo 2024 por el reportaje Bolivia no se baja del podio de países que más monte pierden en el mundo, en el que abordó la alarmante pérdida de bosques en Bolivia durante el 2023.
Lucia Mercado es ingeniera ambiental con experiencia en impulsar procesos de mejora continua enfocados en la gestión ambiental. Su trabajo se orienta a la identificación y gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos, utilizando herramientas de visualización de datos y modelación geoespacial.
Carlos Quezada Lambertin es investigador del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana, y estudiante de doctorado en la Universidad de Gante (Bélgica). Su investigación se centra en manejo de humedales altoandinos, producción agrícola sostenible, gobernanza forestal, degradación de tierras e impactos socioambientales. Ha desarrollado estudios en diversos ecosistemas de Bolivia, integrando modelación agrícola-ambiental, análisis geoespacial y metodologías participativas. Su trabajo busca comprender y fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos frente a presiones ambientales y transformaciones territoriales.
Montaje de página y finalización: Alice Palmeira
Revisión: Juliana Carvalho
Dirección: Marcos Colón
