Ecuador elige proteger los derechos de la naturaleza y dice ‘no’ a la propuesta de reformar la Constitución

Los ecuatorianos rechazaron el pasado domingo, 16, el intento de su presidente de reescribir la Constitución, una medida que probablemente habría condenado el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Casi el 62% de los votantes se opuso a la propuesta de Daniel Noboa de convocar una asamblea constituyente para reformar la carta magna.

Desde que en 2008 Ecuador reconoció los derechos inherentes de la naturaleza a existir y regenerarse, los animales salvajes, los ecosistemas marinos costeros, los bosques, los ríos y otras entidades naturales han derrotado en los tribunales al Gobierno y a las industrias contaminantes, incluidas las empresas mineras. Los precedentes han tenido repercusión en todo el mundo, al igual que la afirmación de los votantes de la constitución que los hizo posibles. “Es una victoria histórica no solo para los movimientos indígenas y ecologistas ecuatorianos, sino también para los millones de personas de Ecuador y de todo el mundo que defienden la naturaleza y la democracia”, afirmó César Rodríguez-Garavito, director del Programa Derechos Más que Humanos (MOTH, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Noboa había argumentado que la Constitución ecuatoriana le impedía luchar contra los delitos violentos, aunque los grupos ecologistas consideraban que detrás había otras motivaciones. Desde que asumió el cargo en 2023, Noboa ha debilitado significativamente las protecciones medioambientales mientras coquetea con empresas mineras multinacionales. Su Gobierno también ha atacado a defensores del medioambiente como Efraín Fueres, que fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad del Estado en septiembre cuando participaba en una marcha de protesta contra el Gobierno.

Efraín Fueres, defensor indígena de la tierra, fue asesinado a tiros en Ecuador durante una protesta contra el gobierno de Noboa. Foto: Marcos Colón/Amazonía Latitude.

En los últimos años, Ecuador se ha convertido en un importante corredor del narcotráfico, financiado por la minería ilegal. Entre 2020 y 2023, la tasa nacional de homicidios aumentó casi seis veces. En medio de la violencia, Noboa ha impulsado con firmeza la expansión de las operaciones petroleras y mineras en todo el país, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo y hogar de más de un millón de indígenas, incluidos grupos waoranis no contactados y de reciente contacto.

Noboa se ha acercado a la administración de Trump, forjando vínculos más estrechos en materia de seguridad y economía. Antes del referéndum del domingo, el presidente ecuatoriano recibió a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Ambos visitaron posibles emplazamientos para una base militar estadounidense. Pero la población de Ecuador también rechazó rotundamente la propuesta para enmendar la constitución vigente, que también tenía el fin de permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país, además de reducir el número de miembros de la legislatura nacional y eliminar la financiación estatal de los partidos políticos.

Este fue el segundo intento de Noboa en dos años de utilizar un referéndum popular para impulsar cambios legales alineados con su agenda proempresarial y de seguridad. En abril de 2024, los votantes aprobaron las cuestiones relacionadas con la lucha contra la criminalidad, pero rechazaron la reforma que habría permitido a los inversores extranjeros demandar a Ecuador a través de un arbitraje internacional, un mecanismo denominado “solución de controversias entre inversores y Estados“ que cuenta con el apoyo de las empresas mineras y petroleras.

Los ecologistas y las organizaciones indígenas, que lideraron protestas por todo el país a principios de este año contra la represión de Noboa hacia los defensores del medioambiente y sus políticas económicas, celebraron los resultados del domingo. “Es una victoria por la vida, por la naturaleza, por los defensores de la Tierra”, afirmó la ecuatoriana Natalia Greene, directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, quien atribuyó el resultado del referéndum a una campaña “orgánica y diversa” de los ecuatorianos y sus aliados internacionales, como el Wild Law Institute, con sede en Sudáfrica, y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que se centró en preservar los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas.

“El triunfo del no en las cuatro preguntas es la respuesta clara del país que dijo no al autoritarismo, no a las mentiras, no al abuso de poder”, afirmó la mayor organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en una publicación en redes sociales el domingo. En los últimos meses, el gobierno de Noboa ha tomado medidas contra la CONAIE y otras muchas organizaciones y líderes indígenas y ecologistas, como congelar sus cuentas bancarias y denunciarlos ante la Fiscalía por “enriquecimiento ilícito” o financiación del terrorismo, acusaciones que los grupos niegan rotundamente. Según organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, estos grupos protegen colectivamente más de 35 millones de hectáreas de selva amazónica en Ecuador y Perú.

A resistência indígena e os confrontos com a polícia marcaram os meses que antecederam o referendo. A CONAIE foi um dos grupos que liderou o movimento pelo ‘Não’. Foto: Pocho Alvares.

Inside Climate News entró en contacto con el consulado de Ecuador en Washington, que no respondió. Noboa dijo el domingo, en sus propias redes sociales, que respetaría “la voluntad del pueblo ecuatoriano” y que seguiría “luchando sin descanso” utilizando “las herramientas que tenemos”.

Este año, el Gobierno ecuatoriano revisó los planes para los ecosistemas protegidos y anunció su intención de subastar docenas de derechos de explotación de petróleo y gas, muchos en regiones que forman parte de territorios indígenas. Con el ojo puesto en las inversiones mineras, también eliminó en julio el Ministerio de Ambiente y transfirió sus funciones al Ministerio de Energía y Minas, más centrado en hacer negocios.

Estas medidas han suscitado una resistencia cada vez mayor por parte de muchas organizaciones medioambientales e indígenas, que confían en las sólidas protecciones que ofrece la Constitución a la naturaleza y a los pueblos indígenas. “A pesar de las amenazas, los intentos de silenciarnos… hoy hemos alzado nuestras voces, las voces de la selva y de la Madre Tierra, y hemos dicho basta ya”, afirmó Zenaida Yasacama, directora de la organización indígena Alianza de las Cuencas Sagradas Amazónicas. Zenaida calificó los resultados del referéndum como un “triunfo histórico” para los pueblos indígenas y afirmó que los votantes rechazaron “las políticas del Gobierno nacional que pretendían abrir la puerta a más minería, petróleo y tala, destruyendo nuestros territorios”. “Esta victoria no es solo nuestra: pertenece a todos los ecuatorianos”, añadió.

Ecuador se ha convertido en un referente para el movimiento de los derechos de la naturaleza, inspirando leyes y declaraciones en todo el mundo. Hoy en día, existen más de 400 casos similares, incluyendo leyes nacionales y sentencias judiciales en España, Panamá, Nueva Zelanda, Uganda, Colombia y Brasil. No obstante, las leyes no han detenido la expansión de las industrias extractivas ni han aumentado el número de litigios. En Ecuador, los derechos de la naturaleza y otras victorias medioambientales se han logrado con gran dificultad y cuesta mucho implementarlos.

La semana pasada, el grupo ecologista ecuatoriano Yasunidos presentó una demanda para obligar al Gobierno de Noboa a cumplir los resultados de un referéndum nacional celebrado en 2023, en el que el 59 % de los votantes eligió que se pusiera fin a la explotación petroleras en una zona remota de la selva amazónica que se solapa con territorios waoranis no contactados y de reciente contacto. El Gobierno anunció el año pasado que hasta 2029 no conseguiría eliminar los más de 200 pozos petrolíferos en los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini.

Según Natalia Greene, el Gobierno de Noboa tampoco ha prohibido la minería en la zona de Quito, tal y como exige otra medida del referéndum de 2023.

“El Gobierno ha afirmado que respetará la voluntad popular. También debe respetar la decisión de los ecuatorianos de mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní y respetar los principios de la democracia, desde las organizaciones de la sociedad civil hasta el Tribunal Constitucional”, declaró Rodríguez-Garavito, del programa Derechos Más que Humanos de la Universidad de Nueva York.

Katie Surma es reportera en Inside Climate News, donde se enfoca en el derecho y la justicia ambiental internacional. Antes de unirse a ICN, ejerció la abogacía, especializándose en litigios comerciales. También escribió para varias publicaciones, y sus historias han aparecido en el Washington Post, USA Today, Chicago Tribune, Seattle Times y The Associated Press, entre otros. Katie tiene una maestría en periodismo de investigación de la Escuela de Periodismo Walter Cronkite de la Universidad Estatal de Arizona, un LLM en derecho internacional y seguridad de la Facultad de Derecho Sandra Day O’Connor de la misma universidad, un JD de la Universidad de Duquesne, y fue licenciada en Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad de Pittsburgh. Katie vive en Pittsburgh, Pensilvania, con su esposo, Jim Crowell.

Traducción: Meritxell Almarza
Montaje de página y finalización: Alice Palmeira
Revisión: Juliana Carvalho
Dirección: Marcos Colón