Ecuador: el miedo como política de Estado

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Ecuador atraviesa por una situación compleja en diversos ámbitos: en lo económico, en lo social, en lo político y, particularmente, en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Este país, que parecía muy tranquilo en el contexto latinoamericano, se ha convertido en uno de los países más violentos de todo el continente.

En este contexto, también vemos un deterioro de las condiciones de vida para la mayoría de la población. Cinco millones de habitantes tienen apenas un ingreso mensual de 90 dólares. Dos millones de habitantes sobreviven con 50 dólares al mes. Para tener un punto de referencia, el costo de la canasta básica es de más de 830 dólares y el ingreso mínimo es de 470 dólares.

Con estos elementos, sumamos la dura realidad del desempleo: más del 65% de la población económicamente activa no tiene un empleo adecuado y la mayoría apenas llega al salario mínimo. Adicionalmente, tenemos el impacto provocado por la ausencia de medicinas e incluso alimentación en los hospitales públicos. Estas y otras condiciones explican por qué la actual explosión social encontró un detonante en el incremento del precio del galón de diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares, como punto de partida para alinearlo con los precios internacionales.

En ese escenario, entonces, hay que tomar en cuenta lo que significó el incremento del precio del diésel, un combustible que es muy utilizado para el transporte público de personas en las ciudades, en el campo, también para el transporte de mercadería y, por cierto, para el trabajo agrícola y para la fabricación de muchas manufacturas.

Se decretó ya hace un par de meses atrás un incremento del precio de la gasolina que golpeó duramente el bolsillo de los sectores más pobres y de las clases medias. Poco después se incrementó el impuesto al valor agregado en tres puntos. Todo con el fin de cumplir con las condiciones impuestas por el FMI.

Ecuador, en definitiva, registra el impacto de una política económica neoliberal que busca a cualquier costo reducir el déficit fiscal: por un lado, subiendo los impuestos, que golpean casi siempre en forma brutal a los sectores populares y a las clases medias, subiendo el precio de los combustibles que son básicos para el funcionamiento de la economía; por otro, reduciendo las inversiones del sector público en vialidad, en vivienda popular, en educación, en salud, e inclusive en seguridad. Cerca de finalizar el año, la ejecución de los presupuestos para la fuerza pública no llegan al 50%.

Este es, entonces, un escenario en el cual el asunto se ha complicado aceleradamente porque, a pesar de que el gobierno impulsa un proyecto de guerra contra el narcotráfico, la inseguridad aumenta.

Tengamos presente que en enero del año 2024 el gobierno de Daniel Noboa decretó el conflicto interno armado: la guerra contra las mafias y el crimen organizado. Este es un punto muy importante. Esta guerra, que constituye una suerte de telón de fondo de la acción gubernamental, se ha transformado en una herramienta de dominación. Sirve para mantener atemorizada a la población, que está preocupada con justa razón por la inseguridad y la violencia criminal. De esta manera, escudándose en esta “guerra”, el gobierno nacional impulsa un proyecto político de país que responde a los intereses de las oligarquías y que busca, entre otros temas, un cambio de la Constitución.

Luego de varios intentos para controlar a la Corte Constitucional, Noboa convoca a una nueva asamblea constituyente, teniendo como ejes referenciales la militarización/el disciplinamiento de la sociedad y la neoliberalización total de la economía.

Con la militarización de la sociedad pretende imponer un proyecto autoritario cada vez más conservador y represivo, ampliando, en este ambiente de guerra, el espectro del enemigo interno que sostiene esta acción belicista. Así, este enemigo interno, considerado como terrorista en términos generales, incluye a quienes defienden sus territorios de la minería o a quienes ejerciendo su derecho constitucional a la resistencia, protestan y, en la práctica, defienden la democracia amenazada por las intenciones dictatoriales de Noboa. Adicionalmente, cabe anotar que, en este empeño guerrerista, Noboa busca apoyo de mercenarios e inclusive pretende que se permita nuevamente la instalación de bases militares norteamericanas en el país, inclusive en las Islas Galápagos.

En paralelo, hay un proceso de neoliberalización acelerado. La privatización de los servicios públicos: la educación, la salud, la seguridad social. Por igual se quiere echar abajo el control por parte del Estado de lo que se conoce como los sectores estratégicos. Así, lo que se quiere es ampliar más y más la frontera petrolera en la Amazonía, al tiempo que se sigue imponiendo de forma brutal la actividad minera con sus graves impactos sobre el ambiente y las comunidades. En este empeño, interviene la fuerza pública: soldados y policías, como guardia pretoriana de las empresas extractivistas.

A lo anterior se suma el intento por introducir nuevamente un sistema de contratación laboral por hora, que representaría una profundización de la precarización del trabajo. También hay intentos para que vuelvan los arbitrajes internacionales para proteger las inversiones extranjeras.

Noboa, en síntesis, está tratando de hacer realidad algo que le recomendaron las oligarquías que apoyan este proyecto político conservador, restaurador, retrógrado, cuando a inicios del año 2024, le exigían que se transforme en un Mikele, un Milei en lo económico y un Bukele en lo político represivo. Un Mikele andino, con sus características propias, que está de lleno sintonizado con las remozadas pretensiones imperiales de de sus pares internacionales.

Entonces, en este escenario, en este contexto, cuando el presidente no pudo doblegar a la Corte Constitucional que no le permitió la aprobación de leyes inconstitucionales, se busca a través de una consulta popular convocar a una asamblea constituyente para demoler la Constitución de Montecristi, la del año 2008. En un país que cuenta con 20 Constituciones desde el año 1830, la de Montecristi es la única que luego de un proceso constituyente fue aprobada en las urnas, al recibir el respaldo mayoritario.

Esta es la Constitución de los derechos de la naturaleza, de los derechos humanos en términos amplios, integrales, derechos colectivos, derechos de las mujeres, derechos de las minorías sexuales, derechos a la resistencia. Esta es la Constitución de las consultas populares que garantizan una activa participación democrática desde las bases. Y entre otros temas, es la Constitución de la plurinacioalidad, que también está seriamente amenazada.

Para concluir este breve repaso de la realidad de este país andino, cabe anotar que en medio del paro nacional, se exacerban las tendencias racistas. La terrible represión desplegada por el régimen en contra del pueblo, que con justificadas razones protesta, demuestra incluso el desprecio a la vida de quienes no comulgan con los intereses de este proyecto oligárquico de dominación, que cuenta con el respaldo de los grandes medios de comunicación mercantiles.

*Esta transcripción ha sido ligeramente editada para mayor claridad y concisión.

Alberto Acosta es economista ecuatoriano, profesor universitario, autor, compañero de lucha de movimientos sociales, consultor en temas petroleros y energéticos, subgerente de comercialización de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana – CEPE (1982-1983), Ministro de Energía y Minas (2007), Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008) y candidato a la presidencia de la República del Ecuador en 2012 y 2013.

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