La comunidad amazónica que venció a las grandes petroleras comparte sus secretos

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Guisel Marworno y Wagner Karipuna desdendían por el río Bobonaza con el traqueteo del motor de la canoa de fondo. Los líderes indígenas brasileños iban en busca de ayuda.

El año pasado, la estatal brasileña Petrobras comenzó a prospectar petróleo en alta mar cerca de sus territorios costeros. La perspectiva de un auge petrolero ya está transformando la ciudad vecina de Oiapoque, donde la llegada de nuevos pobladores aumenta la presión sobre las tierras indígenas, amenazadas también por la contaminación y el cambio climático.

En toda la Amazonía, 31 millones de hectáreas de territorios indígenas y de comunidades locales se solapan con áreas que los Gobiernos han delimitado para la exploración y producción de petróleo y gas, una superficie aproximadamente del tamaño de Polonia. Los proyectos extractivos —fundamentalmente incompatibles con la cultura y las concepciones espirituales de muchas comunidades indígenas— suelen presentarse como hechos consumados. Las empresas llegan respaldadas por abogados de primer nivel, grandes inversiones y promesas de crecimiento económico. Las comunidades, con muchos menos recursos, se ven obligadas a desenvolverse en sistemas jurídicos desconocidos mientras intentan mantenerse unidas ante una presión cada vez mayor.

Los pueblos de Guisel Marworno y Wagner Karipuna, los galibi-marwornos y los karipunas, llevan generaciones defendiendo sus territorios —hogar de la selva amazónica, extensos manglares y marismas— frente a incursiones a pequeña escala de cazadores, madereros y traficantes de fauna silvestre. Pero nunca se habían enfrentado a un proyecto de semejante envergadura y rapidez, respaldado además por todo el poder del Gobierno brasileño.

Por eso se dirigían a Sarayaku. A principios de la década de 2000, el pueblo kichwa de Sarayaku se enfrentó a una petrolera y logró expulsarla de su territorio. Su resistencia también contribuyó a impulsar el movimiento mundial por los derechos de la naturaleza: la idea de que los ecosistemas son seres vivos con derechos jurídicos inherentes, como el de existir y regenerarse.

Los líderes brasileños no viajaban solos. Formaban parte de una delegación de unas dos docenas de personas procedentes de distintos puntos de la Amazonía y de otras regiones, entre ellas abogados y otros líderes indígenas que trabajan para lograr que los gobiernos reconozcan esos derechos. La iniciativa la organizaba la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, una red internacional de organizaciones, comunidades e individuos que promueve el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en los sistemas jurídicos. Para Natalia Greene, directora mundial de la Alianza, Sarayaku es el corazón del movimiento: una comunidad cuyas victorias han demostrado lo que los derechos de la naturaleza pueden significar en la práctica.

Natalia Greene, directora mundial de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, habla con una delegación de activistas por los derechos de la naturaleza a lo largo del río Bobonaza en ruta hacia Sarayaku. Crédito de la foto: Katie Surma/Inside Climate News.

En la canoa que tenían justo detrás iban dos ganadoras del Premio Goldman, uno de los principales galardones de defensa del medioambiente: la activista colombiana que lucha contra la fracturación hidráulica Yuvelis Morales Blanco y Mari Luz Canaquiri Murayari, del pueblo kukama, de la Amazonía peruana, que en 2024 consiguió un reconocimiento judicial histórico: que el río Marañón y sus afluentes fueran declarados sujetos de derechos. Ambas habían venido para intercambiar estrategias y estudiar las victorias de Sarayaku.

En la orilla, más adelante, los líderes de Sarayaku los esperaban.

Natalia Greene (izquierda) y la vicepresidenta de Sarayaku, Abigail Gualinga, se encuentran en el centro de una de las aldeas de Sarayaku. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

La activista colombiana antifracking Yuvelis Morales Blanco (izquierda) y Mari Luz Cañaquiri Murayari, de la comunidad kukama en Perú, visitan Ecuador en agosto. Crédito: Katie Surma / Inside Climate News.

‘Las empresas nunca pierden’

Patricia Gualinga, de 57 años, estaba parada en la orilla del Bobonaza, con el murmullo de la selva a sus espaldas. Lucía un largo vestido azul y blanco y el cabello negro, recogido en una coleta, le llegaba hasta la cintura. Observó a los visitantes por unos instantes y luego esbozó una amplia y cálida sonrisa. La líderesa kichwa, una de las defensoras más conocidas de la comunidad, lleva décadas luchando por proteger su territorio y empoderar a las mujeres que viven en él. Para Patricia, ambas luchas son inseparables.

Patricia cree que la Tierra tiene una energía femenina que las industrias extractivas dañan cuando contaminan el territorio. También ha visto cómo la extracción de recursos puede alimentar la división, el alcoholismo y la violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas. Sus propios familiares le han contado casos de violencia sexual que han perpetrado trabajadores del sector petrolero.

Pisando suavemente la tierra, Patricia condujo a Guisel Marworno, Wagner Karipuna y al resto del grupo hasta el centro de Sarayaku, un claro ovalado rodeado de casas de madera y edificios comunitarios. En el interior de una larga estructura de madera, las paredes estaban cubiertas de fotografías del consejo de gobierno de Sarayaku, conocido como Tayjasaruta.

Mucho antes de adaptarse a las estructuras jurídicas que les impuso Ecuador, los habitantes de Sarayaku vivían organizados en clanes familiares que se autogobernaban con líderes tradicionales. A medida que aumentaba la presión de las industrias extractivas, crearon un consejo para relacionarse con el Estado sin renunciar a sus procesos tradicionales de toma de decisiones ni a sus valores culturales.

En el centro de esos valores está la convicción de que el territorio es un sistema vivo e interconectado formado por seres visibles e invisibles. Sarayaku llama a su relación recíproca con ese sistema Sumak Kawsay, o Buen Vivir.

La vicepresidenta Abigail Gualinga dio la bienvenida a los visitantes, seguida por los responsables de salud, educación, economía, transporte y otros departamentos de Sarayaku. Después Patricia tomó la palabra.

Comenzó con un documento fundamental: el título de propiedad del territorio de Sarayaku. En 1992, los miembros de las siete comunidades de Sarayaku exigieron que se reconocieran sus derechos y fueron hasta la capital para recoger los documentos, convencidos de que les proporcionarían seguridad. Cuatro años después, el Gobierno, que se reservó derechos sobre los recursos del subsuelo, autorizó a una petrolera argentina a perforar en el territorio. En los mapas oficiales, las tierras ancestrales de las comunidades pasaron a figurar como Bloque 23.

Guisel Marworno y Wagner Karipuna estaban sentados en la primera fila, escuchando atentamente las palabras que les traducía un intérprete. Ellos también tienen derechos reconocidos sobre sus territorios, pero en su caso la disputa gira en torno a los impactos actuales y futuros de las perforaciones en las zonas cercanas.

Hombres kichwas de Sarayaku desfilan por Puyo, Ecuador, en agosto durante el Foro Social Panamazónico, exigiendo que los gobiernos respeten sus derechos. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

Sarayaku llevaba mucho tiempo siendo conocido por su feroz independencia. Tanto, contó Patricia, que los militares lo señalaban con un punto rojo en sus mapas. En 2002, la petrolera entró en el territorio escoltada por el Ejército ecuatoriano.

Sarayaku se organizó. Sus habitantes entorpecieron las operaciones siempre que pudieron, pusieron en marcha una campaña internacional y rechazaron los intentos de dividir a la comunidad. Su resistencia pacífica recibió como respuesta una violenta represión. Ni las mujeres y los niños quedaron al margen. Según documentos judiciales, cuatro líderes habrían sido torturados.

Ni los ministerios ecuatorianos de Medio Ambiente y de Asuntos Exteriores ni la Fiscalía General quisieron hacer comentarios al respecto.

Tras meses de resistencia del pueblo de Sarayaku, la petrolera se retiró en 2003. Pero dejó enterradas por todo el territorio toneladas de explosivos, vestigios de sus trabajos de prospección. Sarayaku tuvo que afrontar las consecuencias.

“Las empresas nunca pierden”, dijo Patricia. Todos asintieron con la cabeza.

Mientras Sarayaku luchaba para que se retiraran los explosivos, el Gobierno presentaba a sus habitantes como un obstáculo para el desarrollo, una comunidad pobre que se interponía en el camino del progreso, explicó Patricia.

Patricia Gualinga habla ante el consejo de gobierno de Sarayaku sobre la larga lucha de su pueblo contra un proyecto petrolero impuesto por el gobierno en su territorio. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

“Nosotros no rechazábamos el desarrollo”, añadió. “Estábamos defendiendo nuestra forma de vida”.

Cuando los tribunales ecuatorianos no ofrecieron una solución, Sarayaku llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012 dictaminó que Ecuador había vulnerado los derechos de la comunidad al permitir la exploración petrolera en su territorio sin consultarla. Los derechos territoriales de Sarayaku fueron una parte importante de la sentencia. El tribunal ordenó al Gobierno a indemnizarlos económicamente y a retirar los explosivos.

El caso ha trascendido a Sarayaku. Su victoria sentó un precedente histórico sobre el derecho de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada acerca de los proyectos que afectan a sus territorios. El tribunal también reconoció la relación especial entre los pueblos indígenas y sus territorios y ordenó al Gobierno que la respetara. Las comunidades que antes apenas tenían posibilidades de hacer frente a los gobiernos o a las petroleras podían mirar a Sarayaku y descubrir que había otra opción.

Guisel Marworno y Wagner Karipuna asimilaban cada detalle. En 2025, sus comunidades y otros dos pueblos indígenas de la zona —los palikur-arukwayenes y los galibi kali’nas— presentaron una demanda en Brasil para impugnar los planes de perforación del Gobierno.

De pie al frente de la sala, Patricia dijo a los asistentes que merecía la pena perseverar en luchas prolongadas.

Para Sarayaku, la sentencia de la Corte Interamericana fue un reconocimiento de su dignidad, explicó. Ecuador envió ministros a pedir disculpas, con lo que cumplió parte de la resolución judicial. Pero aún queda mucho por hacer. Los explosivos siguen allí. Además, Sarayaku quiere que las reparaciones del Gobierno incluyan el reconocimiento de la selva como un ser vivo titular de derechos.

En agosto, la comunidad presentó esa petición ante la Corte Interamericana como parte del caso contra el Gobierno, que sigue abierto.

“Podemos luchar”, les dijo Patricia a los visitantes, refiriéndose a todos ellos.

Kawsak Sacha, la Selva Viviente

A las cuatro de la mañana del día siguiente, dos horas antes de que el sol iluminara el cielo, José Gualinga, de 62 años, se acomodó junto al fuego en un refugio con techo de paja y abierto por los lados, cerca de la orilla del río. Frente a él hervía una enorme olla de infusión de guayusa.

El pueblo de Sarayaku ha utilizado tradicionalmente esta planta, rica en antioxidantes y cafeína, como remedio para los pulmones, para preparar a los cazadores y para interpretar los sueños.

El humo rodeaba a José, hermano de Patricia, mientras contaba sobre la incursión de 2002 y la historia de Sarayaku. Estaba despierto, pero no tenía prisa. El resplandor del fuego iluminaba su media melena oscura y el cuenco que sostenía entre las manos.

José puso su propia vida y el futuro de su pueblo en manos de los conocimientos que le legaron sus ancestros, los Tayak. Esos saberes ayudaron a Sarayaku no solo a expulsar a una petrolera de su territorio: también le proporcionaron a la comunidad un lenguaje para explicar por qué.

En el centro de esa visión está la declaración Kawsak Sacha o Selva Viviente, que José propuso en 2004 después de pasar 18 años estudiando y sistematizando las enseñanzas ancestrales, en busca de conocimientos con los que hacer frente a la creciente presión de los intereses petroleros. La declaración explica cómo ha entendido siempre el pueblo de Sarayaku su territorio amazónico: como una selva viva e inteligente, no como un conjunto de recursos que los humanos pueden explotar.

Esta idea contribuyó a que los ecuatorianos reconocieran los derechos de la naturaleza en la Constitución de 2008. Después llegaron los litigios. En el valle de Íntag, en Ecuador, unas ranas amenazadas de extinción se convirtieron en la pieza clave de una demanda contra la minería del cobre. En 2021, el Tribunal Constitucional dictaminó que los permisos mineros vulneraban los derechos del bosque nublado de Los Cedros, aludiendo a las amenazas para la biodiversidad, los ecosistemas, el agua y las comunidades locales. Estas y otras victorias han sacudido a las industrias minera y petrolera, cuyos derechos habían prevalecido durante mucho tiempo.

José levantó el cuenco y bebió. En todo el mundo, observó, los sistemas jurídicos empezaban a reconocer a elementos concretos de la naturaleza —ríos, montañas y lagunas— como sujetos de derechos. Valoró esos esfuerzos, pero señaló que Kawsak Sacha abarca mucho más: no separa el río de la selva que lo rodea ni de los seres invisibles que habitan en ella.

“Para nosotros, Kawsak Sacha lo es todo”, dijo. “Es todo el territorio vivo”.

Natalia Greene (izquierdista / a la izquierda), directora mundial de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, entrevista a José Gualinga en el Foro Social Panamazónico en Puyo, Ecuador, en agosto. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

Esa manera de entender el mundo también determina cómo vive el pueblo de Sarayaku en la selva.

“Algunas personas preguntan por qué seguimos cazando monos”, explica. “Dicen que los monos tienen derechos. Estoy de acuerdo en que debemos proteger el sistema vivo. Pero la gente también tiene que comer”.

La caza, explicó, nunca ha consistido únicamente en sacar un animal de la selva. Requiere conocimientos, disciplina y una relación entre el cazador y el animal. El cazador no entra sin más en la selva y dispara un arma. Debe acercarse al animal a través de los sueños y las visiones, conectar con él y obtener su consentimiento, para que las personas puedan alimentarse sin alterar el equilibrio natural de la selva.

“Hay que estar en comunión con el mono”, explicó. “El mono debe transmitirte su energía”.

A juicio de José, muchos humanos han perdido la conexión profunda con otras formas de vida. Ahora sienten poco o nada por otros seres, a quienes ven como objetos sin espíritu.

Un edificio en una aldea de Sarayaku está pintado con “Kawsak Sacha”, que significa la “Selva Viviente”. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

En Sarayaku, donde las cosas no son así, la comunidad se asegura que las plantas y los animales puedan reproducirse. Si las poblaciones disminuyen, Sarayaku impone moratorias a la caza, la pesca y la recolección.

Una profecía de los Tayek decía que los habitantes de Sarayaku eran el pueblo del mediodía: aquellos que seguirían en pie después de que los demás hubieran caído. Muchos sacaron fuerzas de esa idea.

“Pero resistir es agotador”, dijo.

Su voz cambió al hablar del coste de la lucha. El conflicto afectó psicológicamente a la comunidad. Provocó enfermedades, miedo y traumas. Las mujeres y los niños sufrieron las consecuencias junto con los hombres, y el daño persistió mucho tiempo después de que los conflictos hubieran terminado.

Pero la selva los ayudó a recuperarse. Caminar bajo los árboles, escuchar el río y participar en la vida comunitaria, explicó José, les permitió recobrar las fuerzas.

“La selva siempre nos devuelve la fuerza y el equilibrio”, dijo.

Con los cuencos de todos llenos de infusión, José abordó una cuestión fundamental para Sarayaku y otras comunidades indígenas: ¿qué significa desarrollarse?

Sarayaku no rechaza el desarrollo, afirmó. La comunidad quiere mejores sistemas de abastecimiento de agua, comunicaciones, atención sanitaria y otras comodidades modernas. Pero desarrollarse no puede significar aceptar la definición de progreso de otros.

“La gente dice que el desarrollo significa una carretera, una compañía petrolera, una minera”, dijo. “Llaman desarrollo a la deforestación y a la extracción”.

Pero el pueblo de Sarayaku imagina algo distinto: seguir los principios de la declaración de la Selva Viviente y del Buen Vivir. Mejorar la vida sin destruir la selva que la hace posible. El sistema de minga comunitaria —trabajo colectivo en beneficio de todos— es una expresión de esa visión. Cada dos meses, trabajan juntos para despejar y mantener los senderos. Es una labor práctica y, a la vez, una forma de preservar los vínculos que mantienen unida a la comunidad.

La gente de Sarayaku no quiere reproducir el modelo de las ciudades que hay más allá de sus fronteras, donde las casas se agolpan junto a las carreteras y los asentamientos van sustituyendo poco a poco a la selva.

“Queremos nuestra propia forma de vida”, dijo José.

Así es como el pueblo de Sarayaku mide la riqueza y la felicidad, explicó: selvas abundantes, ríos limpios, tierras fértiles, fauna silvestre próspera, una comunidad unida y personas sanas y fuertes.

La luz del sol de primera hora de la mañana ya se filtraba por las rendijas de la cubierta vegetal. José volvió a levantar su cuenco.

La mayor amenaza para el pueblo del mediodía, dijo, no son solo las empresas que llegan en busca de petróleo o minerales. También lo es la filosofía según la cual deben convertirse en otra cosa para poder progresar.

Ya existen otras formas de sociedad

Aquella noche, durante una cena a base de pescado y yuca —alimentos procedentes del río o de los huertos de Sarayaku—, Guisel Marworno y Wagner Karipuna se sentaron a una larga mesa de madera con su abogado, Rodrigo Leitão, cinturón negro de jiu-jitsu especializado en defender a pueblos indígenas y otras comunidades frente a las industrias extractivas. Los líderes explicaron como sus comunidades, al igual que Sarayaku, habían construido sociedades basadas en los saberes ancestrales.

El cacique Wagner Karipuna es un líder de los pueblos karipuna del norte de Brasil. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

Guisel Marworno es una lideresa del pueblo galibi-marworno ubicado en la costa norte de Brasil. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

La tierra no es solo un espacio físico, dijeron: está viva y habitada por seres invisibles con los que los humanos deben mantener una relación de reciprocidad y equilibrio. Los karuanas, por ejemplo, son espíritus sagrados que protegen lugares sagrados. Los chamanes median entre los mundos, interpretan señales e identifican desequilibrios que necesitan sanar. Pero la degradación ambiental puede dificultar esa labor.

Esta concepción de la naturaleza como algo vivo puede servir de fundamento a una sociedad y a sus leyes, igual que cualquier otra visión del mundo. Las comunidades de Guisel Marworno y Wagner Karipuna se han organizado en torno a ella y han desarrollado un sistema de gobierno basado en bioeconomías, que incluyen la recolección sostenible de azaí, el turismo y la pesca. Según Leitão, estos sistemas garantizan la seguridad alimentaria y la autonomía de las comunidades, al tiempo que protegen la naturaleza.

También señaló que los planes del Gobierno brasileño para perforar en nombre del “desarrollo económico” ignoran por completo las economías alternativas que ya existen en la región. Un vertido de petróleo podría borrar generaciones de esfuerzos.

El abogado brasileño Rodrigo Leitão representa a las comunidades indígenas del norte de Brasil afectadas por un proyecto petrolero marino planificado y respaldado por el gobierno brasileño. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

“No es una zona vacía ni un espacio socialmente desorganizado que espera a que un proyecto externo le dé sentido económico”, dijo Leitão, por encima del murmullo de las conversaciones cruzadas en portugués, español e inglés. “Aquí no existe ningún vacío económico”.

Pero, por defender su forma de vida, Guisel Marworno y Wagner Karipuna sienten que cada vez más son blanco de ataques. En los últimos meses, mientras recorrían la ciudad de Oiapoque, algunas personas los señalaban y se burlaban de ellos, llamándolos antidesarrollistas por oponerse a los planes de perforación del Gobierno. Este tipo de discurso, utilizado también contra Sarayaku, es una táctica habitual para desacreditar a los defensores del medioambiente y en ocasiones precede a la violencia, apuntan los especialistas.

En Brasil, los riesgos van en aumento. El año pasado, el país registró el doble de asesinatos de defensores del medioambiente que el año anterior, convirtiéndolo en el segundo país más mortífero del mundo para quienes protegen la naturaleza de forma pacífica.

Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha tomado medidas para frenar la deforestación y reforzar la protección ambiental, la economía del país sigue dependiendo de las industrias extractivas. El respaldo del mandatario a los planes de la petrolera estatal Petrobras para perforar frente a la costa de Oiapoque es el ejemplo más reciente.

Inside Climate News entró en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, pero este remitió las preguntas al Ministerio de los Pueblos Indígenas, que no respondió. El equipo de prensa de Petrobras, por su parte, declaró en un comunicado que celebró reuniones públicas antes de iniciar las perforaciones y que mantiene canales de diálogo con la ciudadanía. En respuesta a las preocupaciones por la presión sobre el medioambiente y los pueblos indígenas de la zona, la empresa afirmó que hay muchos factores que influyen en la situación además del petróleo, como la apertura de un puente que conecta la Guayana Francesa con Brasil en 2017.

Al terminar de cenar, Guisel Marworno y Wagner Karipuna hablaron de los inquietantes cambios que experimentan sus territorios como consecuencia de decisiones políticas, tanto nacionales como extranjeras: el calor es cada vez más intenso, los patrones pluviales están cambiando, las cosechas se pierden, los incendios avanzan más deprisa. Lo que habían documentado a lo largo del tiempo con métodos tradicionales ya no se cumple. El cambio climático amenaza la supervivencia de sus pueblos.

“Nuestro territorio es una extensión de lo que somos, como lo es nuestra espiritualidad y nuestra economía; tenemos el deber de cuidar la naturaleza para que siga cuidando de nosotros”, dijo Wagner Karipuna.

Una forma de entender el mundo

Más tarde, esa misma noche, los visitantes se instalaron en un edificio residencial comunitario cerca del río. La estructura de madera al aire libre se alzaba sobre la orilla del río, en la segunda planta se sentía la brisa que venía del agua.

Aimee Roberson, directora ejecutiva de la ONG Cultural Survival, se recostó en una hamaca y observó el río a través de la barandilla. Llevaba dos días tratando de asimilar cómo Sarayaku había traducido sus valores ancestrales en una gobernanza capaz de enfrentarse a gobiernos y empresas.

Aimee Roberson, directora ejecutiva de Cultural Survival, hace una pausa para un momento de reflexión en Sarayaku el 17 de agosto. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

Roberson, que reside en Nuevo México, pertenece a la Nación Choctaw de Oklahoma y desciende de la Nación Chickasaw. Su perspectiva sobre los numerosos problemas que afrontan los pueblos indígenas es a la vez global y local. Cultural Survival colabora con comunidades de todo el mundo y mantiene estrechos vínculos con organizaciones de base. A diferencia de Guisel Marworno y Wagner Karipuna, Roberson llegó a Sarayaku sin tener una opinión definida sobre los derechos de la naturaleza. No estaba segura de lo que podían significar para los pueblos indígenas. Ahora, sin embargo, cree que el enfoque de la comunidad podría tener gran repercusión más allá de su propio territorio.

“Lo que está haciendo Sarayaku ofrece a sus aliados —a las personas que no son indígenas— una forma de entenderlo”, dijo con la mirada puesta en los árboles. Sentada casi a oscuras, en un mundo sacudido por las crisis ambientales, se sentía esperanzada.

Tenemos que encontrar una forma de avanzar hacia el futuro que sea mejor que la trayectoria que seguimos actualmente. Sarayaku nos está mostrando que quizás existe”.

Este texto fue publicado en colaboración con Inside Climate News.

Katie Surma es reportera en Inside Climate News, donde se enfoca en el derecho y la justicia ambiental internacional. Antes de unirse a ICN, ejerció la abogacía, especializándose en litigios comerciales. También escribió para varias publicaciones, y sus historias han aparecido en el Washington Post, USA Today, Chicago Tribune, Seattle Times y The Associated Press, entre otros. Katie tiene una maestría en periodismo de investigación de la Escuela de Periodismo Walter Cronkite de la Universidad Estatal de Arizona, un LLM en derecho internacional y seguridad de la Facultad de Derecho Sandra Day O’Connor de la misma universidad, un JD de la Universidad de Duquesne, y fue licenciada en Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad de Pittsburgh. Katie vive en Pittsburgh, Pensilvania, con su esposo, Jim Crowell.

Traducción: Meritxell Almarza
Revisión, Montaje de página y finalización: Juliana Carvalho
Dirección: Marcos Colón