La gramática de la deshumanización: ¿por qué los editoriales llaman “desorden” a la resistencia?

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El titular del editorial del periódico Folha de S.Paulo, si se lee sin conocer el contexto, lleva a suponer que el gobierno brasileño se ha visto obligado a recular ante la presión de unos criminales. Pero no se trata de delincuentes. Son mujeres, jóvenes, niños y ancianos de los pueblos arapiun, borari, kumaruara y mundurukú de las regiones del Bajo, Medio y Alto Tapajós y representantes kayapós y paranás del Alto Xingú, en los estados de Mato Grosso y Pará. Han estado acampados durante todo un mes, día y noche, bajo el sol y la lluvia, en los dominios de la corporación estadounidense Cargill, en el municipio de Santarém, para manifestar su protesta, para hacer oír sus voces al unísono. Casi 1.200 representantes de los pueblos originarios de la Amazonia en una vigilia sin descanso.

Son etnias amenazadas por el Decreto n.º 12.600/2025, que incluía más de 3.000 kilómetros de ríos amazónicos en el Programa Nacional de Desestatización y abría camino a las concesiones privadas de tramos navegables estratégicos para transportar los productos de la agroindustria y otros sectores económicos.

El gobierno brasileño ha acabado derogando el decreto, pero eso no garantiza que el problema se haya resuelto definitivamente. Hace falta mucho más. La historia reciente de la Amazonia muestra que los grandes proyectos vuelven disfrazados de otras formas. Belo Monte es un ejemplo. La mera suspensión de una iniciativa equivocada no rompe el patrón. Es común ver surgir otra similar poco después.

En este contexto, dos de los mayores periódicos de Brasil, O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo y O Globo han decidido tachar la movilización indígena de “vandalismo”, “canallada”, “griterío”, “chantaje”, “alborotos”, “truculencia”, “fuerza bruta”, “radicalismo” y “obstáculo al desarrollo”.

La gramática de la exclusión

Las palabras no son neutras. Construyen una realidad.

Alessandra Korap, una de las principales lideresas durante las movilizaciones en el Tapajós. Su voz es el contraargumento vivo a la gramática que intenta reducir la defensa del territorio a un ‘obstáculo al desarrollo’. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.

Cuando los editoriales recurren a ese lenguaje, no están solo describiendo hechos, sino que delimitan quién es racional y quién es irracional, quién actúa políticamente y quién actúa por impulso, quién pertenece al debate público y quién debe ser excluido.

¿Desde cuándo ocupar espacios para reivindicar un derecho recogido en un tratado internacional que ha ratificado Brasil se convierte automáticamente en “vandalismo”? ¿Quién decide que la paralización de un puerto es “canallada” y no un acto político? ¿Por qué la interrupción del mercado de la soja se llama “fuerza bruta”, pero la interrupción de los flujos vitales de un río ancestral no se denomina “violencia”? ¿Por qué la presión popular se califica como “chantaje”, mientras la presión de inversores recibe la respetable designación de “seguridad jurídica”? ¿Por qué la “propiedad privada” aparece como valor absoluto, pero el derecho originario a la tierra, reconocido constitucionalmente, surge como “obstáculo”?

Los periódicos tratan la marcha atrás del gobierno como una capitulación ante el desorden. Pero evitan el punto neurálgico de la cuestión: la obligación de realizar una consulta previa a los pueblos originarios antes de implantar cualquier proyecto no es una concesión política, es un deber jurídico. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no es retórica militante, sino norma vinculante. Ignorar o relativizar esa obligación no fortalece el Estado de derecho, lo debilita.

La asimetría del “Ambiente de Negocios”

Las palabras tienen un poder revelador. Al decir “griterío”, se subentiende algo vinculado a la infantilización. “Canallada” y “alborotos” evocan descontrol moral. “Radicalismo” desplaza el debate del ámbito jurídico al ámbito de la amenaza. “Truculencia” y “fuerza bruta” generan la imagen de un enemigo interno. Esta construcción retórica crea una inversión silenciosa: los pueblos que exigen el cumplimiento de la ley pasan a ser tachados de transgresores del orden.

Curiosamente, cuando algunos sectores económicos organizan una presión coordinada, cercenan la tomada de decisiones, condicionan inversiones o imponen chantajes silenciosos al Estado, el vocabulario raramente es el mismo. Nadie habla del “griterío del mercado”. Nadie acusa a la “fuerza bruta del capital”. El lenguaje cambia: “confianza”, “previsibilidad”, “ambiente de negocios”, en una evidente asimetría.

Es cierto que, en los últimos años, la presencia de voces indígenas en la prensa ha aumentado. Hay entrevistas, reportajes, pruebas de un reconocimiento simbólico. Pero cuando la disputa toca directamente el modelo exportador, la infraestructura logística o la agroindustria, la denominación cambia. Entonces ya no se trata de diversidad: se trata de obstáculo. La tolerancia es condicional: vale mientras no se acerca a “dinero”, “puerto”, “soja”, al corazón de los intereses que están en juego.

El argumento recurrente de los editoriales es que las vías fluviales significan modernización eficiente y menor emisión de carbono. Esa discusión puede ser legítima. Lo que no es legítimo es tratar cualquier contestación a ese modelo como sabotaje irracional. El desarrollo no es un dogma técnico, es una elección política. Y las elecciones políticas tienen un coste, que casi siempre pagan los mismos cuerpos y los mismos territorios distantes, vulnerables y alejados del poder.

Aquí entra una segunda capa, que los editoriales también ignoran: la secuencia de los hechos.

La derogación del Decreto n.º 12.600/2025 se publicó en el Diário Oficial con la firma del vicepresidente del Gobierno, Geraldo Alckmin. Originalmente aprobado por el presidente Lula en agosto del año anterior, incluía los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins en el Programa Nacional de Desestatización y abría camino a las concesiones privadas y la intensificación del tráfico fluvial.

Desde el principio, los pueblos indígenas del Tapajós denunciaron dos puntos centrales de la iniciativa: los riesgos ambientales y sociales y, sobre todo, la ausencia de una consulta libre, previa e informada a las comunidades potencialmente afectadas. Cuando el futuro climático del planeta se debatía bajo los focos internacionales en la 30.ª Conferencia del Clima de la ONU (COP30), que se celebró en el corazón de la Amazonia en noviembre de 2025, los pueblos de la propia Amazonia exigieron públicamente una posición del Gobierno contra las vías fluviales. Este anunció una “mesa de diálogo”, que tampoco se concretó.

La COP generó imágenes, compromisos, discursos y cartas finales redactadas tras largas negociaciones. Pero, para muchos pueblos de la región, también dejó un vacío de consecuencias prácticas. Mientras se discutía la transición ecológica en los pabellones oficiales, el proyecto de transformación de ríos ancestrales en corredores de materias primas seguía paralelamente a su curso administrativo.

La ministra Sônia Guajajara y Guilherme Boulos durante la COP30. El ambiente de negociaciones oficiales, para los pueblos del Tapajós, resultó en un vacío de consecuencias prácticas. Foto: Alice Palmeira/Amazônia Latitude.

El movimiento indígena ocupó en Santarém la terminal de Cargill, empresa que instaló el primer puerto de granos en la región en 2003 y que hoy es una de las principales operadoras del transporte de soja por el Tapajós. Sigo el avance de la corporación en la región desde hace más de quince años. No hablo por abstracción. Hablo por lo que he visto, por lo que he oído, por lo que he filmado. Los impactos socioambientales de esa expansión están documentados en mi película Más allá de Fordlândia (2018), donde ya se evidenciaban las consecuencias de un modelo logístico que transforma la selva en un corredor de mercancías, sin llevar en consideración los impactos que genera en la salud de las comunidades. Cuando la filmé, muchos habitantes tenían miedo de hablar públicamente sobre los casos de cáncer que hoy crecen y son cada vez más difíciles de ignorar en la región. La ocupación no surgió de la nada. Es la respuesta a un patrón que se repite desde hace años: discurso público de un lado, decisión estructural del otro, y la consulta a las comunidades se trata como una formalidad incómoda, siempre aplazada, siempre relativizada.

Periodismo, memoria y la frontera de la tolerancia

Quizás sea eso lo que los editoriales se niegan a ver: la continuidad entre el espectáculo de la COP y la frustración posterior. La conexión entre la retórica climática y el silencio administrativo. Llamar “alborotos” a esa movilización no es solo una agresión verbal. Es un modo de borrar el contexto, reducir la historia, cancelar los derechos.

Más todavía: revela la existencia de una frontera invisible en la tolerancia liberal. Se enaltece a los pueblos indígenas cuando producen símbolos, cuando evocan la ancestralidad, cuando ocupan espacios culturales, cuando sus frases circulan como inspiración. Pero cuando confrontan directamente el flujo de mercancías, cuando interrumpen el engranaje logístico de la soja, dejan de ser sujetos políticos y pasan a clasificarse como “problema”. La protesta indígena se convierte en “alborotos”. Pero el dragado de un río para que sirva para el comercio internacional, no.

Es difícil no darse cuenta de la inversión moral. La interrupción temporal de la operación de un puerto se trata como desorden cívico. La transformación de un río en ruta de exportación se presenta como planificación. Defender la vida del río es “radicalismo”. Someter el río a la lógica de la mercancía es “modernización”.

Quizás lo más revelador sea la comodidad con que este lenguaje aparece en los editoriales, textos que representan la posición institucional de los periódicos. Pero no se trata de un reportaje aislado. Es una elección deliberada. Y aquí la crítica tiene que ser dura: cuando el periodismo adopta un lenguaje que criminaliza la resistencia y naturaliza la expansión logística, entonces no solo informa. Empieza a establecer legitimidades: decide quién puede hablar, cómo puede hablar y, en el límite, qué puede existir políticamente sin tratarlo como amenaza.

Y entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué periodismo es ese que denomina “fuerza bruta” la defensa de un río y de un territorio, pero considera racional y necesaria la ingeniería que amenaza esos mismos ríos y pueblos? ¿Qué periodismo es ese que se autodenomina guardián del Estado de derecho mientras relativiza la consulta previa y transforma en “alborotos” el acto de exigir que se cumpla la ley?

Llamar “alborotos” a la movilización indígena en defensa de la vida y del territorio no es solo un error semántico: es la repetición de un vicio histórico. Una parte de los grandes medios de comunicación brasileños apoyaron el golpe cívico-militar de 1964 y, décadas después, en el 50.º aniversario del golpe, publicaron editoriales reconociendo ese error, como Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo y O Globo. La prensa brasileña dominante, en momentos decisivos, a menudo ha elegido el lado de la estabilidad económica y del orden institucional en detrimento de las voces que desafían las estructuras de poder. Y ese lado, con frecuencia, no es el de los que luchan para existir con sus modos de vida, culturas, biomas y ancestralidades, sino el de los intereses económicos que se sienten amenazados cuando los pueblos tradicionales reivindican derechos constitucionales. Al elegir palabras que criminalizan la lucha por la vida, se repite la lógica de ayer: deslegitimar a quienes resisten y normalizar a quienes concentran poder.

La libertad de prensa es un pilar democrático. Pero tener libertad no es tener permiso para producir deshumanización. Al hacerlo, están moldeando el campo de lo posible. Están enseñando al público a ver la lucha por la vida como un problema.

Si el ejercicio de un derecho constitucional se describe como desorden, ¿qué queda de la promesa democrática?

“Si el ejercicio de un derecho constitucional es descrito como desorden, ¿qué queda de la promesa democrática? Lo que está en juego no es solo un decreto. Es el poder de nombrar y, al nombrar, de legitimar”. Foto: José Marcos Tapajós/Amazônia Latitude.

Lo que está en juego no es solo un decreto. Es el poder de nombrar y, al nombrar, de legitimar o deslegitimar. Quizás la pregunta más incómoda no sea por qué el Gobierno se echó atrás. Quizás sea otra: ¿qué idea de país se defiende cuando la defensa de la vida se tilda de “alborotos”?

Si luchar por una consulta previa, por un territorio y por un río es “desorden”, cabe preguntar: ¿orden para quiénes, al servicio de qué?

Porque cuando los editoriales naturalizan la muerte de los ríos en nombre del “desarrollo” y tratan la resistencia como ruido, el problema no es solo de lenguaje. Es de proyecto. Y aquí el periodismo revela su límite: cuando la vida interrumpe la logística, la democracia se convierte en inconveniencia.

Reflexioné mucho sobre la encrucijada entre periodismo y política de la memoria en el artículo donde analicé la película El agente secreto, donde argumenté que la función del periodismo debe ir más allá de “documentar” hechos: debe confrontar sus propios lapsus de memoria histórica. El control de la narrativa y la amnesia forzada no son fenómenos que pertenecen solo a la ficción. Son rasgos de un periodismo que evita encarar su pasado, comprometiendo así su propia función pública. Que la prensa brasileña dominante es parcial no es ninguna novedad. Lo que raramente se admite es que también elige olvidar. Y, al olvidar, enseña a sus lectores a olvidar. La elección no es neutra. Al minimizar o relativizar su propio pasado, como el apoyo editorial a la dictadura cívico-militar, este periodismo moldea la memoria pública de manera que neutraliza desigualdades y deslegitima resistencias. Más que competir contra plazos y algoritmos, debe enfrentar su historia para que el presente se comprenda con honestidad. Cuando se niega a hacerlo, no solo borra hechos: ayuda a sostener narrativas que legitiman regímenes de poder. Por eso, repensar la memoria periodística no es un ejercicio académico, sino una exigencia ética. Sin memoria, no hay responsabilidad. Y sin responsabilidad, el periodismo deja de servir a la democracia y pasa a servir a los intereses que moldean el silencio.

Marcos Colón es profesor de Medios de Comunicación y Comunidades Indígenas de la Iniciativa de las Tierras Fronterizas del Suroeste en la Escuela Walter Cronkite de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad Estatal de Arizona. Ha escrito, dirigido y producido dos documentales que representan diversas perspectivas de la compleja relación de los humanos con el medio natural: Más allá de Fordlândia (2018) y Pisando suavemente en la tierra (2022). Es autor del libro La Amazonía en tiempos de guerra (Planeta, 2025) y organizador del libro de ensayos Utopias Amazônicas (Ateliê, 2025).

Traducción: Meritxell Almarza.
Montaje de página y finalización: Juliana Carvalho