Elisa Morgera: ‘Es crucial y urgente aclarar las obligaciones de los gobiernos’

Inside Climate News

Cuando las temperaturas abrasadoras sacudieron la costa este de los Estados Unidos el mes pasado, las visitas a las urgencias de Nueva York por el calor se dispararon un 600% en comparación con las cifras medias de junio. Por las mismas fechas, una ola de calor se cobraba la vida de 1.300 peregrinos en La Meca. Las altas temperaturas también han causado otros cientos de muertes en Asia, Europa, México y Egipto en las últimas semanas. 

Junio no fue una aberración.

Científicos europeos y de la NASA confirmaron el mes pasado que, a lo largo del año anterior, la Tierra alcanzó temperaturas récord que, de media, superaron el objetivo de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París. En al menos un metaestudio de 2021, los científicos constataron que el 37% de las muertes relacionadas con el calor pueden atribuirse de forma fiable al cambio climático provocado por los humanos.

El calor mortal es solo una de las maneras como el cambio climático está afectando, aquí y ahora, a miles de millones de personas en todo el mundo. Tormentas más intensas, sequías prolongadas, inundaciones y fenómenos de aparición lenta, como la subida del nivel del mar, también están perjudicando a seres humanos de todos los continentes. A medida que se aceleran los efectos del cambio climático, es imperioso comprender las repercusiones que tienen en los derechos humanos básicos —incluidos los derechos a la vida y a la salud— para poder elaborar políticas públicas y reparar los daños, según los juristas.

El campo de los derechos humanos y el cambio climático es, al igual que la propia crisis climática, complejo. No todas las personas se ven afectadas de la misma manera. El calor de junio puede haber sido un destello en el radar para las personas con acceso continuo al aire acondicionado. Pero no para los trabajadores de la construcción, los paisajistas y las personas en situación de pobreza o sinhogarismo, expuestos a un alto riesgo de enfermar o morir por el calor. Y aunque los habitantes de las ciudades se encojan de hombros ante la extinción de más de un tercio de las plantas y animales de la Tierra, debida en parte al cambio climático, esa perspectiva augura la pérdida de la cultura y los modos de vida ancestrales de muchas comunidades que dependen de la naturaleza. Por otro lado, las personas que viven en países sin litoral puede que no sientan los efectos directos del aumento del nivel del mar, pero las mujeres de las zonas costeras de baja altitud de Bangladesh sí: la penetración de agua salada las obliga a caminar más para conseguir agua dulce, lo que aumenta el riesgo de sufrir agresiones.

Las múltiples formas en que el cambio climático se entrecruza con los riesgos existentes para las poblaciones vulnerables es uno de los temas de un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, publicado en junio. El informe de 19 páginas de la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático, Elisa Morgera, detalla los esfuerzos que realizan expertos en pobreza, salud, derechos de los pueblos indígenas, finanzas y medio ambiente para comprender cómo afecta el cambio climático a los derechos humanos de personas de todo el mundo. 

El documento le servirá también de hoja de ruta a Morgera, que asumió el cargo de relatora especial en mayo. Catedrática de Derecho Ambiental Global en la Universidad de Strathclyde, Escocia, es la segunda persona que ocupa este cargo, creado en 2021 a raíz de las peticiones de pequeños Estados insulares vulnerables al clima y de grupos de defensa. Los relatores especiales son expertos en áreas temáticas o regionales nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se encargan de ayudar a los Gobiernos a comprender sus obligaciones en materia de derechos humanos y de sensibilizar a la opinión pública mundial sobre cuestiones concretas, redactando informes, visitando países y presentando escritos que ayuden a los jueces a decidir en los tribunales.

Morgera, originaria de la ciudad italiana de Trieste, ha trabajado con diversas agencias y organismos de la ONU, como la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa para el Desarrollo, el Programa para el Medio Ambiente y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Inside Climate News ha hablado con ella sobre su nuevo cargo. La conversación ha sido ligeramente editada debido a su extensión y con el objetivo de ofrecer más claridad.

Inside Climate News: ¿Cómo es posible que el cambio climático se haya convertido en una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos?

Elisa Morgera: Hace ya algún tiempo que tenemos un debate público sobre la justicia climática. Los distintos sectores de la sociedad reconocen cada vez más que el propio cambio climático, sus efectos y las respuestas que se le dan están provocando injusticias y, en algunos casos, violaciones de los derechos humanos. 

Ha sido bastante interesante ver cómo, con relativa rapidez, los derechos humanos se han incluido en la legislación internacional sobre el cambio climático gracias a la referencia que se hace en el preámbulo del Acuerdo de París. Eso es importante desde el punto de vista jurídico, político y simbólico. Pero no basta con cambiar la forma en que se toman las decisiones para garantizar que se tienen en cuenta, sistemáticamente, las repercusiones reales y potenciales en los derechos humanos. Por eso ahora nos estamos centrando en ayudar a los Gobiernos a comprender sus obligaciones en materia de derechos humanos y las implicaciones de sus decisiones en lo que respecta al cambio climático.

Elisa Morgera, la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático. Foto: Laurie Lewis/Inside Climate News

El mundo no ha avanzado lo bastante rápido en este sentido. Por eso en este último año hemos visto que se pedía a tres tribunales internacionales que aclararan cuáles eran las obligaciones de los Estados con relación al cambio climático. En dos de esas solicitudes, las preguntas formuladas a los tribunales hacen referencia específica a los derechos humanos. Y el tribunal internacional al que no se preguntó específicamente por los derechos humanos no pudo evitar mencionar la importancia de su decisión para los derechos humanos.

Lo importante es que estamos viendo una demanda crucial y urgente para que se aclaren los estándares mínimos de conducta de los Estados a la hora de avanzar más eficazmente en la lucha contra el cambio climático. Y una de las razones es la magnitud y las múltiples facetas de los impactos negativos del cambio climático en los derechos humanos.

El aumento del nivel del mar, por ejemplo, está afectando a las poblaciones de los Estados insulares de baja altitud, dificultándoles el acceso a los alimentos y la vivienda e impidiéndoles mantener sus prácticas culturales y su forma de vida.

Ha mencionado que las respuestas y las soluciones propuestas al cambio climático pueden tener implicaciones para los derechos humanos. ¿Puede dar algunos ejemplos?

Recientemente se han publicado informes sobre algunas tecnologías para frenar el cambio climático que no se han desarrollado con la participación de los distintos sectores de la sociedad. Y, como resultado, han provocado —o es muy probable que provoquen— la pérdida de biodiversidad e impactos negativos para los seres humanos. 

Mi colega, el relator especial sobre sustancias tóxicas, ha publicado recientemente un informe en el que examina las repercusiones tóxicas de algunas soluciones propuestas para el cambio climático, como la captura y el almacenamiento de carbono y la extracción de minerales y metales esenciales. 

En cierto modo, esto demuestra que a menudo pensamos que los derechos humanos son una petición complementaria al intento de resolver la crisis climática, pero en realidad iluminan un camino hacia soluciones sostenibles e integradoras que pueden garantizar que no dejemos a nadie atrás. Tenemos que descarbonizar la economía urgentemente, pero no podemos hacerlo a expensas de los derechos humanos y otros imperativos medioambientales.

Ha mencionado que la conexión entre el cambio climático y los derechos humanos aparecen en el preámbulo del Acuerdo de París. ¿Cómo se manifiesta esta cuestión en la gobernanza de los Estados? ¿Ha observado alguna tendencia?

Es un análisis muy difícil, porque para saber si se está avanzando hay que tener ojos tanto a nivel internacional como nacional. Y como las dimensiones del cambio climático relacionadas con los derechos humanos son múltiples, hay mucho que desentrañar. Creo que es muy difícil tener una idea clara de los avances en este momento. 

Dicho esto, también creo que las negociaciones sobre el clima, tanto nacionales como internacionales, son muy técnicas. Y eso obstaculiza que puedan abrirse al debate público e involucrar a diferentes expertos, que podrían no ser expertos en el clima, pero sí en derechos humanos o biodiversidad y podrían aportar a la conversación algunas piezas importantes del rompecabezas. Así que hay una cierta barrera técnica que impide que la conversación sobre el cambio climático y los derechos humanos sea tan inclusiva como queremos que sea. 

Aún tenemos mucho que aprender unos de otros. Tenemos que entender qué ha logrado el derecho climático a nivel nacional e internacional y cuáles son los estándares mínimos y las prácticas que hacen que los derechos humanos sean un proceso realmente transformador. 

Para que esa conversación sea significativa, tiene que haber un aprendizaje mutuo. Una de las cosas que quiero hacer en mi mandato es apoyar al máximo ese proceso de aprendizaje y comprensión desde otras áreas de especialización. Si somos capaces de encontrar un terreno común, podremos desarrollar conjuntamente soluciones que sean eficaces tanto para el cambio climático como para los derechos humanos. 

Cuando intentamos resolver los problemas de forma aislada, podemos generar más repercusiones negativas. Creo que la otra forma de ver esto, el otro lado, es pensar qué oportunidades estamos perdiendo por no sentar a todo el mundo a la mesa.

¿Qué quiere decir con “sentar a todo el mundo a la mesa”?

Un ejemplo es la inclusión de los pueblos indígenas. Cada vez hay más pruebas científicas que demuestran que los sistemas de conocimiento indígenas y otros sistemas de conocimiento locales pueden ayudar a encontrar soluciones a nuestros problemas colectivos. 

Desgraciadamente, la ciencia occidental, por mucho que haya traído grandes beneficios, también nos ha llevado a la situación actual, en la que nos cuesta encontrar una forma de pensar transversal que tenga en cuenta la salud de todo el planeta y los seres humanos como parte del planeta.

Así que el conocimiento indígena y el conocimiento local son áreas que pueden complementar la ciencia occidental y mejorar nuestra comprensión del cambio climático y la biodiversidad. Deberíamos preguntarnos cómo podemos abrir la mente para ver el problema y las soluciones de otra forma y crear ese espacio de codesarrollo.

El sistema de la ONU se ha centrado históricamente en el comportamiento de los Gobiernos. Pero en el ámbito del cambio climático, cada vez se presta más atención a las actividades de las empresas privadas transnacionales. ¿Qué cuestiones vigila usted relacionadas con las empresas, el cambio climático y los derechos humanos?

Se han producido importantes avances al reconocer que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos tal y como se enmarcan en el derecho internacional, aunque operen en un Estado que tiene estándares menos estrictos. Eso ha sido un punto de inflexión. 

Ha sido muy difícil llegar a este punto, que revela una contradicción fundamental existente en los sistemas jurídicos internacionales. Hay ciertas áreas del derecho internacional, como el derecho de inversiones, que protegen los intereses privados por encima de los públicos. 

En algunos aspectos, el derecho de inversiones tiene un sistema de protección y aplicación mejor que el derecho internacional del medio ambiente y los derechos humanos. Hasta el punto que, cuando un Gobierno intenta tomar una decisión para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos o el medio ambiente, puede no tener margen para hacerlo dependiendo de las obligaciones que haya asumido para proteger las inversiones internacionales. 

Además, es posible que los Gobiernos del Norte Global no puedan o no quieran regular y supervisar eficazmente que las empresas que están bajo su control, pero operan en el Sur Global, no violan los derechos humanos. 

Uno de los objetivos de mi mandato, y de otros órganos de la ONU, es proporcionar más detalles que expliquen en toda su extensión las obligaciones de los Estados de regular y supervisar los sectores empresariales, incluidos los que son más responsables del cambio climático y de los impactos negativos sobre los derechos humanos. 

A la vez, la sociedad civil se está movilizando para que las empresas tengan la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de inventarse formas de funcionar que protejan los derechos humanos y contribuyan eficazmente a mitigar el cambio climático y adaptarse a él.

Parte de su mandato consiste en realizar visitas a los países y trabajar con la sociedad civil. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con usted y participar en su trabajo las personas y organizaciones de base?

Hay un proceso llamado “convocatoria de contribuciones” que es muy abierto e informal. Cualquier ciudadano puede plantear una preocupación o aportar pruebas sobre los derechos humanos y el cambio climático para que yo las tenga en cuenta.

Para mí es una forma importante de recibir aportaciones de todo el mundo y comprender nuevos problemas. Esa información también puede ayudar a movilizar a otras partes de la ONU que puedan servir de apoyo. 

Cuando redacte los informes, también pediré aportaciones y lo anunciaré en la página web del mandato. Es una puerta abierta a que la gente se comunique si cree que sus derechos —los que están relacionados con las áreas específicas en las que me centro— están en peligro. También haré varias consultas presenciales y virtuales en las que la gente podrá plantear cuestiones que deberían abordarse en mi mandato. 

Además, puedo hacer visitas a los países, para las que hay también “convocatorias de contribuciones” abiertas: cualquier ciudadano de a pie, así como la sociedad civil organizada y los investigadores, pueden compartir información e inquietudes, que se podrán analizar durante las visitas.

Es importante que todo el mundo piense en cómo le afecta el cambio climático y presente sus problemas, porque se necesitará el esfuerzo de todos para comprender plenamente su alcance y cómo podemos encontrar soluciones.

Este texto fue publicado en colaboración con Inside Climate News. Pulsa aquí para acceder a la versión en inglés.

Katie Surma es reportera en Inside Climate News, donde se enfoca en el derecho y la justicia ambiental internacional. Antes de unirse a ICN, ejerció la abogacía, especializándose en litigios comerciales. También escribió para varias publicaciones, y sus historias han aparecido en el Washington Post, USA Today, Chicago Tribune, Seattle Times y The Associated Press, entre otros. Katie tiene una maestría en periodismo de investigación de la Escuela de Periodismo Walter Cronkite de la Universidad Estatal de Arizona, un LLM en derecho internacional y seguridad de la Facultad de Derecho Sandra Day O’Connor de la misma universidad, un JD de la Universidad de Duquesne, y fue licenciada en Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad de Pittsburgh. Katie vive en Pittsburgh, Pensilvania, con su esposo, Jim Crowell.

Traducción: Meritxell Almarza
Montaje de página y finalización: Alice Palmeira
Dirección: Marcos Colón