Un indígena defensor de la tierra, asesinado en Ecuador en plena represión estatal contra activistas ambientales y de derechos humanos
Efraín Fueres fue baleado el domingo mientras participaba en una protesta contra el alto coste de la vida y las medidas represivas del Gobierno, que incluyen la congelación de cuentas bancarias de activistas y la suspensión de un canal de televisión
Efraín Fueres, indígena defensor de la tierra, fue asesinado a tiros en Ecuador el domingo 28 de septiembre.
Foto: Marcos Colón/Amazônia Latitude.
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Efraín Fueres, un indígena defensor de la tierra, fue asesinado a tiros el domingo en Cotacachi, Ecuador, donde se manifestaba por el elevado coste de la vida y las medidas represivas del Gobierno contra activistas indígenas y ecologistas. El líder comunitario, de 46 años, era uno de los miles de ecuatorianos que han salido a las calles en las últimas dos semanas para protestar contra las acciones autoritarias, como la congelación de las cuentas bancarias de activistas y la suspensión de un canal de televisión. La federación kichwa Chijallta FICI, a la que pertenecía Fueres, ha emitido un comunicado en el que condena su asesinato y responsabiliza a las “balas militares”:
La Chijallta FICI denuncia con profundo dolor e indignación el asesinato de nuestro hermano y respetado líder comunitario”, dice la nota, que considera el asesinato de Fueres “la prueba más dolorosa de que el Gobierno ha optado por la guerra y la sangre en lugar de escuchar las justas demandas del pueblo”.
Los vídeos publicados en las redes sociales muestran al indígena marchando alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando es abatido a tiros. A continuación, un vehículo militar se acerca a Fueres, que yace en la calle con un compañero arrodillado a su lado, y varios agentes armados los rodean y empiezan a darle patadas al compañero.
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Inside Climate News entró en contacto con el consulado de Ecuador en Washington, que no respondió. La Fiscalía General de Ecuador afirmó en una publicación en las redes sociales que abrirá una investigación. Por otra parte, el Ejército ecuatoriano publicó el domingo que 12 soldados resultaron heridos en Cotacachi mientras custodiaban un convoy de ayuda humanitaria.
En las últimas semanas, varios grupos indígenas han liderado manifestaciones contra un decreto gubernamental, aprobado el 12 de septiembre, que eliminó los subsidios al diésel y ha provocado un aumento de más del 50% del precio del combustible. La medida, según sus detractores, perjudicaría a millones de ecuatorianos pobres que viven con menos de 100 dólares al mes.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, aliado del estadounidense Donald Trump, instauró el 16 de septiembre el estado de emergencia en todas las provincias del país, lo que permite al Gobierno limitar los desplazamientos públicos, imponer toques de queda y restringir otras libertades. También está tomando medidas para poder reformar la Constitución, que actualmente incluye fuertes protecciones para el medioambiente y los pueblos indígenas.
Noboa ha alegado, sin presentar pruebas, que organizaciones criminales transnacionales, como la venezolana Tren de Aragua, financian las protestas lideradas por los indígenas. La mayor organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha negado esa acusación y ha afirmado que las protestas están motivadas por un amplio conjunto de reivindicaciones: la revocación del aumento del precio del diésel, la convocación de un referéndum nacional para poner fin a la producción de petróleo en una parte de la selva amazónica y el fin de la criminalización de los activistas indígenas y ambientales.
Miembros de la CONAIE guardan un minuto de silencio en honor a Efraín Fueres el lunes 29 de septiembre en Quito, Ecuador. Foto: Franklin Jacome/Agencia Press South vía Getty Images
La organización también pide que se ponga fin al modelo económico extractivista del Ecuador y exige al Gobierno que revoque las licencias de tres proyectos mineros.
Sisa Inés Cotacachi, vicepresidenta de Chijallta FICI, afirmó que Fueres recibió tres disparos. “Condenamos este brutal ataque contra la resistencia organizada”, declaró. “Si el Gobierno reprime al pueblo, solo conseguirá que este se levante para exigir sus derechos”. Según Cotacachi, las comunidades de toda la provincia de Imbabura también protestaban contra una serie de decretos que han reducido las protecciones ambientales y de derechos humanos.
En agosto, el Gobierno ecuatoriano fusionó el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas, ahora responsable de emitir y aplicar las licencias de protección ambiental. También aprobó una ley para “fortalecer la transparencia y supervisión de las organizaciones sociales sin fines de lucro”, aunque los críticos argumentan que su objetivo es limitar la capacidad de la sociedad civil para supervisar las violaciones de derechos y exigir responsabilidades en un momento de expansión de la extracción de petróleo y minerales.
Una coalición de abogados, científicos y activistas de derechos humanos ecuatorianos ha afirmado esta semana que hará un llamamiento para que las organizaciones suscriban una carta abierta a los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenando las dos medidas y acusando al Gobierno de “desplegar fuerzas militares alrededor de los yacimientos y criminalizar las protestas en defensa del medioambiente”.
Cuentas bancarias congeladas
La muerte de Fueres, padre de dos hijos, se produce después de que el Gobierno ecuatoriano haya puesto en su punto de mira a decenas de destacados defensores del medioambiente, líderes y organizaciones indígenas, con arrestos, congelación de cuentas bancarias y denuncias en la Fiscalía por presunto “enriquecimiento privado no justificado”.
Entre los afectados se encuentran los líderes de un gran movimiento contra la minería en la ciudad andina de Cuenca. El 16 de septiembre, unas 100.000 personas se echaron a las calles para exigir el cierre de una mina canadiense al grito de: “¡El agua vale más que el oro!”.
Manifestantes asisten a una concentración contra un proyecto minero canadiense el 16 de septiembre en Cuenca, Ecuador. Foto: Galo Paguay/AFP vía Getty Images
David Fajardo, un abogado que ayudó a organizar esa resistencia, se enteró la semana pasada, cuando intentó retirar fondos, de que sus cuentas bancarias habían sido congeladas. Afirmó que no recibió ninguna advertencia, ninguna explicación y ninguna información sobre cómo resolverlo. “Es un auténtico abuso de poder”, declaró Fajardo, que tenía unos pocos miles de dólares ahorrados en sus cuentas.
Otras personas afectadas por las congelaciones o las investigaciones de sus finanzas son los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), el presidente del Frente Nacional Antiminero (FNA), un representante de la Alianza de las Cabeceras Sagradas de la Amazonía y el presidente de la Fundación Pachamama, una organización sin ánimo de lucro dedicada a los derechos de los indígenas.
Los expertos que siguen de cerca los ataques contra los defensores del medioambiente —personas que actúan pacíficamente para proteger la naturaleza— afirman que los gobiernos recurren cada vez más a estas tácticas para desacreditar a los defensores y obstaculizar su capacidad de trabajo. Según los investigadores, las represalias no físicas suelen preceder a las agresiones físicas. El año pasado, fueron asesinados un promedio de tres defensores del medioambiente a la semana, muchos de los cuales se habían opuesto a proyectos mineros. En Ecuador, 23.300 kilómetros cuadrados de concesiones mineras se superponen con áreas protegidas y territorios indígenas.
“Condenamos categóricamente la criminalización sistemática que se ejerce contra quienes defienden la vida, el territorio y los derechos de la naturaleza en Ecuador”, afirmó en un comunicado la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), una coalición de más de 80 organizaciones ecologistas ecuatorianas. El pronunciamiento también señala que las acusaciones de enriquecimiento privado no justificado contra la presidenta de la Fundación Pachamama, Belén Páez, carecen de “sustento fáctico y jurídico” y constituyen una “estrategia deliberada” para intimidar y tomar represalias contra la labor legítima de defensa del medioambiente. Páez también emitió un comunicado en el que negaba las acusaciones del Gobierno. “Esta es la persecución más grave contra el liderazgo ambiental e indígena en la historia democrática del Ecuador. No es casualidad que todos sean voces críticas del modelo extractivista y defensores de los derechos de la naturaleza y de los pueblos”, afirma la declaración de CEDENMA.
El abogado David Fajardo afirmó que no está claro qué autoridad legal está utilizando el Gobierno para congelar las cuentas bancarias, pero cree que podría ser la ley promulgada a finales de agosto para controlar las donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro. “La verdadera intención de la ley no es controlar el capital ilícito”, explica, “sino controlar las organizaciones sociales, especialmente las que se dedican a defender los derechos humanos, la naturaleza y los territorios contra el extractivismo”.
Un impulso para cambiar la Constitución
Desde que se descubrieron cantidades comerciales de petróleo en la selva amazónica ecuatoriana a mediados del siglo XX, la economía del país ha estado dominada por las exportaciones de crudo, en gran medida al estado estadounidense de California. En 2021, el Gobierno tomó medidas para duplicar la producción de petróleo y agilizar la concesión de permisos para la minería.
Aun así, los fuertes movimientos indígenas y ecologistas de Ecuador han recurrido a sus derechos constitucionales para lograr victorias sufridas que han impedido esos planes. En 2019, por ejemplo, las comunidades indígenas waoranis impidieron que se subastaran los derechos petroleros de sus tierras, alegando una violación de su derecho a la consulta libre, previa e informada.
En 2023, los ecuatorianos decidieron poner fin a la explotación de petróleo en uno de los lugares con mayor diversidad ecológica del planeta mediante un referéndum nacional realizado por iniciativa popular. El Gobierno, no obstante, ha retrasado repetidamente su aplicación, una medida condenada por los expertos en derechos humanos.
En marzo de este año, grupos indígenas y activistas obtuvieron una sentencia histórica de un tribunal regional de derechos humanos contra el Gobierno ecuatoriano en relación con los derechos de los pueblos indígenas no contactados, sometidos a una presión cada vez mayor por la expansión de la industria petrolera, a pesar de las protecciones constitucionales explícitas.
Conta, miembro de los grupos indígenas Tagaeri y Baihuaeri Waorani, comparece ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante un video pregrabado el 23 de agosto de 2022. Foto: Cortesía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Constitución de Ecuador de 2008 es también la primera y única del mundo que reconoce que la naturaleza tiene derechos intrínsecos. Abogados como Fajardo, comunidades indígenas y activistas han ganado docenas de casos reivindicando los derechos de los ecosistemas a existir y mantener sus ciclos naturales.
Todo eso está ahora en peligro. A principios de este mes, la Corte Constitucional de Ecuador avaló la convocatoria de un referendo para que los ciudadanos decidan si quieren una nueva Constitución. La votación tendrá lugar el 16 de noviembre. Noboa ha afirmado que una nueva Carta Magna daría al Gobierno las herramientas necesarias para luchar contra los cárteles de la droga que han inundado el país en los últimos años.
Los defensores del medioambiente y los derechos humanos ven esta medida como una excusa para reducir las garantías procesales y las libertades civiles, centralizar el poder y allanar el camino a las empresas mineras y petroleras.
Algunos también lo ven como un eco de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump de eliminar las protecciones medioambientales y tomar medidas drásticas contra los grupos de izquierda, lo que se estaría haciendo por razones de seguridad nacional, según su administración. En abril, Noboa afirmó que Ecuador acogería con agrado la ayuda militar de Estados Unidos para combatir a los grupos transnacionales de narcotraficantes, incluida la posibilidad de instalar bases militares estadounidenses de forma permanente en el país.
Alberto Acosta, economista ecuatoriano y exministro de Energía y Minas, afirmó en un comunicado que el Gobierno de Noboa se encuentra en “compás de espera”, con el aumento del desempleo y la pobreza, la caída de su popularidad y una “más que justificada protesta popular”, a la que responde con una violencia sin precedentes. “Ahora, al no poder controlar totalmente a la Corte Constitucional”, añade, “opta por disparar lo que parece, por lo pronto, su último cartucho: la asamblea constituyente”. Ese es el órgano que actualizará la Constitución si los votantes están de acuerdo, y es un “tiro que bien le puede salir por la culata”, escribió.
Una represión en aumento
Los sucesivos gobiernos ecuatorianos han intentado silenciar a los activistas indígenas y ambientales, pero la situación se ha agravado desde que Noboa asumió el cargo en noviembre de 2023.
En 2024, tras las protestas contra otro proyecto minero canadiense, la Fiscalía presentó cargos por terrorismo contra más de 70 defensores del medioambiente y los derechos humanos en Palo Quemado, donde viven ocho comunidades indígenas. El Gobierno desplegó a cientos de policías y militares, que dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos y dejaron al menos 15 miembros de la comunidad heridos, según un comunicado emitido por una coalición de organizaciones de derechos humanos y ambientales.
En la región de Las Naves, ese mismo año, el Gobierno condenó a seis defensores de los derechos humanos a penas de prisión y a pagar a otra empresa minera canadiense indemnizaciones de cientos de dólares por supuestamente conspirar para dañar su propiedad, acusaciones que los defensores negaron. Los grupos de derechos humanos han criticado los procesos judiciales, alegando que el Gobierno excluyó pruebas clave e impidió que observadores independientes los supervisaran.
Las tensiones han aumentado en las últimas semanas. El 22 de septiembre, las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos contra manifestaciones pacíficas de indígenas en la provincia de Imbabura, donde Fueres fue asesinado el domingo, según un comunicado del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Manifestantes en Ecuador portan un cartel que dice “No somos terroristas, somos pueblo organizado”, el sábado 27 de septiembre. Foto: Cortesía de la CONAIE
Al menos 13 manifestantes indígenas, miembros del pueblo kichwa otavalo, fueron arrestados y acusados de delitos relacionados con el terrorismo que las organizaciones indígenas han calificado de “arbitrarios”, según el comunicado de la ONU. Los detenidos fueron trasladados a una de las prisiones de alta seguridad de Ecuador, conocida por albergar a miembros violentos de grupos criminales transnacionales. La federación Chijallta FICI afirmó que otras personas que se resistían a la represión de las fuerzas del Estado habían resultado heridas y necesitaban asistencia médica.
El Gobierno también ha tomado medidas contra los periodistas. El miércoles, el Gobierno de Noboa suspendió las operaciones de un canal de televisión indígena y comunitario, TV MICC, alegando motivos de seguridad nacional.
El domingo, el grupo ecuatoriano de derechos humanos Inredh y la CONAIE afirmaron que los habitantes de la provincia de Imbabura, donde fue asesinado Fueres, denunciaron que se les había bloqueado la señal de internet y teléfono.
Astrid Puentes Riaño, relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho humano al ambiente sano, limpio y sostenible, calificó los ataques de “preocupantes” y afirmó que los gobiernos “tienen la obligación de garantizar un entorno seguro para los defensores y garantizar sus derechos humanos”. Otros expertos en derechos humanos también afirmaron que están revisando la situación.
Por su parte, Fajardo teme que Ecuador esté iniciando una era de represión violenta contra los defensores indígenas, sociales y ambientales. “A pesar de lo preocupante que es esta situación”, declaró, “no cederemos a la presión del Gobierno”.
Este texto fue publicado en colaboración con Inside Climate News. Pulsa aquí para acceder a la versión en portugués.
Texto: Katie Surma e Marcos Colón
Traducción: Meritxell Almarza
Montaje de página y finalización: Alice Palmeira
Revisión: Juliana Carvalho
Dirección: Marcos Colón
