Yasuní y Chocó Andino: medio año de amenazas

Los históricos triunfos en las consultas populares del ITT-Yasuní y del Chocó Andino, logrados justo hace seis meses, el 20 de agosto del 2023, están seriamente amenazados. No se han dado los pasos conducentes a su inmediato y obligatorio cumplimiento, como ordena la Constitución. Es más, por las expresiones y las acciones gubernamentales constatamos que se pretende irrespetarlos abiertamente, manteniendo la extracción de crudo del ITT y permitiendo la continuidad de las actividades mineras en el Chocó-Andino.

Ambas consultas populares tienen su historia y su razón de ser, que explican porqué se protegió un pedazo de la Amazonía, con una votación nacional, y unas cuantas parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, con una votación cantonal.

En ambos procesos, a los que tenemos que sumar las exitosas consultas populares para frenar la minería del cantón Girón, en el año 2019, y la del cantón Cuenca, en el 2021, las dos en la provincia del Azuay, tenemos como punto de partida la sociedad civil. Surgen con un importante compromiso de movimientos sociales y de grupos ciudadanos. Se trata de un ejercicio de democracia ecológica desde las bases. No son acciones gestadas por iniciativa de gobierno alguno, ni por algún partido político. En definitiva, son acciones que demuestran que se puede y debe aprovechar todos los mecanismos y resquicios legales existentes para luchar sin pausa por la vida.

Sí a la vida, no al petróleo en el ITT-Yasuní

La defensa del Yasuní: “territorio sagrado”, en lengua indígena, demandó casi 10 años de lucha, hasta que se consiga que una amplia mayoría del pueblo ecuatoriano disponga en una consulta popular la suspensión de la destructora extracción de crudo en el bloque 43 o ITT (la sigla de los yacimientos de Ishpingo, Tambococha, Tiputini). Simultáneamente, se ordenó desmontar los equipos allí instalados y se aprobó dar paso a la reparación y restauración de ese territorio de una extraordinaria biodiversidad, donde viven pueblos indígenas, incluso algunos en aislamiento voluntario.

Este resultado abre la puerta para empezar un proceso que libere la región amazónica de su condición de territorio de sacrificio, asegurando los derechos vitales de todos sus pobladores, tanto como para trabajar en la construcción de una economía post-petrolera. Y constituye, por cierto, una clara muestra de que, si se pueden tomar medidas efectivas para superar la nociva dependencia de los combustibles fósiles; lo que repercute con fuerza a nivel internacional.

Con esta decisión popular, se superó la conocida como Iniciativa Yasuní-ITT, que buscaba una compensación internacional para impedir dicha actividad petrolera. Recordemos lo difícil y complejo que fue poner en marcha la dicha iniciativa, que emergió desde la sociedad civil por la acción de diversos procesos, mucho antes de su presentación oficial en el año 2007.

Cuando esta iniciativa fracasó, porque le quedó muy grande al gobernante que intentó cristalizarla oficialmente, la juventud organizada en el Colectivo Yasunidos asumió el reto en el año 2013. Acogiéndose a disposiciones constitucionales, venciendo al poder gubernamental, en una desigual lucha, ese colectivo, con el respaldo de muchas organizaciones y personas en todo el país, reunió el respaldo de más de 750 mil personas. Para que sus firmas sean aceptadas, fue necesario enfrentar una dura campaña de represión y fraudes, antes de poder cristalizar la mencionada consulta popular, casi una década después.

El éxito conseguido, con casi 60% de los votos en la consulta, en un país cuya economía es adicta al petróleo, es notable. Se desafió a una poderosa oligarquía extractivista — gobiernos, petroleras, mineras, cámaras de la producción, grandes medios de comunicación, sindicalismo petrolero —, que no dudó — ni duda — en desplegar una campaña cargada de desinformación y cifras fantasiosas. El logro fue posible por una suerte de gran minga democrática que convocó esfuerzos múltiples provenientes de varias organizaciones y movimientos, tanto del campo como de la ciudad.

El objetivo estratégico estaba claro, lo que permitió que se desplegara una multiplicidad de acciones tácticas desde las más diversas organizaciones y desde todos los territorios del Ecuador. La unidad en la acción, más que en la dirección, hizo posible este triunfo.

Sí a la vida, no a la minería en el Chocó Andino

En paralelo, en el Distrito Metropolitano de Quito, con casi 70% de los votos favorables, el mismo 20 de agosto, se dispuso prohibir la minería metálica, en un área conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que integran la mancomunidad del Chocó Andino. Se trata de un territorio que construye una transición profunda desde la resistencia, en clave de re-existencia. Y ese gran esfuerzo ciudadano, que no fue para nada fácil, se cristalizó en la recolección de firmas que abrió la puerta para que el pueblo quiteño en las urnas decida sobre su futuro.

La Reserva de la Biósfera Chocó Andino de Pichincha está ubicada entre dos grandes puntos de alta biodiversidad (hotspots) que atraviesan el país: Tumbes-Chocó-Magdalena y Andes Tropicales. Fue considerada como tal justamente para focalizar esfuerzos de conservación en áreas con elevados niveles de diversidad, endemismo y también para enfrentar los altos niveles de amenaza que le rodean. Su importancia ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito es indudable, en especial para el sostenimiento de la salud del presente y futuro de la vida de la ciudad y de la ruralidad.

El uso actual de la gran biodiversidad de la zona está dividido, por un lado, entre actividades agropecuarias y, por otro lado, por ecoturismo, investigación y conservación.

La minería pondría en riesgo ese potencial de vida. La afectación de los bosques del Chocó Andino, que son parte fundamental del ciclo del agua, debilitaría la seguridad hídrica de la ciudad de Quito. Incluso se corre el riesgo de que se generalice una contaminación de acuíferos y ríos que van hacia el Océano Pacífico, con aguas ácidas y cargadas de metales pesados, afectando la salud humana y ecosistemas únicos y frágiles.

Cuando estas aguas tóxicas se usan para el riego, como en las plantaciones bananeras en la costa ecuatoriana, las plantas absorben elementos tóxicos como arsénico y plomo y los transfieren a las frutas, y por ende a nuestros platos. El Chocó Andino, entonces, requiere ser tomado en cuenta inclusive como un área de seguridad nacional.

Tanto la lucha por el Chocó Andino como la desplegada el paralelo por el Yasuní, así como las mencionadas consultas del Azuay, forman parte de un creciente proceso de resistencias y re-existencias que invitan a construir escenarios a partir del respeto de los Derechos Humanos y de la naturaleza.

La lucha continúa

En medio del complejo escenario político y económico que atraviesa el Ecuador, emergen voces que proponen mantener la extracción de crudo del ITT para no tener que subir los impuestos. Se trata de una disyuntiva perversa. Dicen estar preocupados por los pobres, cuando en la Asamblea Nacional no tuvieron empacho alguno en condonar gran parte de las deudas tributarias a los mayores grupos. Esta pretensión repugna, tanto como los intentos para socializar estudios de impacto ambiental para exploración y explotación simultáneas de la concesión La Melina, en el Chocó Andino, para continuar con la minería.

Es conocido que representantes de la oligarquía extractivista no han querido aceptar la decisión democrática de agosto pasado. En realidad, a esos grupos no les interesa la seguridad jurídica, ni el respeto a la progresividad de derechos, que son elementos constitucionales fundamentales. Tampoco les preocupa que se atropellen los derechos de participación ciudadana. Lo único que desean es sostener los privilegios de quienes ni siquiera quieren pagar impuestos, cerrando la puerta a la construcción de una sociedad y una economía más justas y sustentables. Y por eso mismo, los voceros de estos grupos no dudan en apoyar para que se siga ampliando los extractivismos petrolero y minero, que son fuente de múltiples violencias y corrupción, incluso en estrecha vinculación con el crimen organizado.

Reconociendo lo complejo de la coyuntura, es indudable la trascendencia de estas consultas populares. Siendo la protección de la vida lo fundamental, es evidente que con estas consultas se vigoriza la democracia participativa en el país. Además, este ejemplo, sin duda fortalece aquellas luchas, en la región y el mundo, que enfrentan los extractivismos. Y en definitiva, nos señalan caminos para una transición que tenga horizontes post-extractivistas.

En conclusión, indigna ver que hasta ahora no hay señales claras de que el gobierno esté cumpliendo con el mandato popular de las dos consultas populares, sino todo lo contrario. Y preocupa constatar que entre los colectivos y grupos que hicieron posibles estos triunfos históricos no se han consolidado vigorosos esfuerzos unitarios para enfrentar a las fuerzas extractivistas y así consolidar todos los procesos que sean necesarios, con el fin de conjugar la justicia ecológica con la justicia social, como parte de procesos democráticos radicalmente transformadores.

Alberto Acosta é economista equatoriano e profesor universitario. Foi subgerente de comercialização da estatal Petrolera Ecuatoriano (CEPE, 1982-1983). Ministro de Minas e Energia (2007), presidente da Assembleia Constituinte (2007-2008) e candidato à Presidência do Equador (2012-2013). É consultor de energia e autor de diversos livros.

Revisão: Isabella Galante
Direção: Marcos Colón